Por Rodrigo Islas Brito
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicitó por medio de un comunicado la intervención urgente de las autoridades correspondientes para garantizar la seguridad personal del oaxaqueño Damián Gallardo Martínez, preso en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 (CEFERESO) Puente Grande Jalisco.
En su escrito el organismo define a Gallardo, como “un defensor de los pueblos indígenas y de la educación, originario de la región Mixe en el Estado de Oaxaca, que se encuentra detenido arbitrariamente desde mayo de 2013 tal y como concluyó el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU”.
Señala que, el hoy convicto “ha formado parte de diversos comités por la liberación de presos políticos, y además ha participado activamente en otras actividades, como la lucha magisterial y en la promoción de propuestas de educación comunitaria y popular en las comunidades indígenas de la Región Mixe y Zapoteca de la Sierra de Oaxaca”.
Asegura que, “informes de fuentes fidedignas”, Gallardo y otros presos de Puente Grande han sido sometidos a repetidos tratos crueles e inhumanos por parte del nuevo director del Centro, que ha provocado que el clima de hostigamiento, maltrato a los reclusos y concretamente al señor Gallardo, hayan ido en aumento.
En el informe distribuido a los medios de comunicación por Daniel Nizcub Vásquez Cerero, responsable del área de comunicación de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. , se acusa que a Gallardo junto con otros presos les bajan los pantalones y la ropa interior más abajo de las rodillas y les obligan a hacer sentadillas. Además de que el personal del CEFERESO les amenaza con quitarles sus calcetines y con trasladarles a prisiones más lejanas de manera ilegal.
Se informa también que, tras promover el amparo por estos hechos, Gallardo y los otros presos obtuvieron la suspensión provisional por parte del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan el 10 de diciembre de 2015, teniendo al 15 de febrero de este año como la fecha fijada por el juez para resolver legalmente esta situación.
“En 2016, al recibir la notificación, el Director del CEFERESO impuso un castigo de aislamiento a Damián Gallardo que durará 15 días y que se inició el 4 de febrero, alegando que no está respetando el reglamento”.
El Observatorio recuerda por otro lado que el proceso penal en contra del Sr. Gallardo sigue en fase de instrucción en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, y podría llegar a ser condenado a una pena de hasta 75 años por los delitos de delincuencia organizada y secuestro de menores.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, condena en su informe de forma enérgica los malos tratos en contra de Damián Gallardo Martínez, así como el castigo de aislamiento impuesto como represalia a su denuncia de los mismos y hace un llamamiento a las autoridades mexicanas para que estos hechos no queden impunes, para que pongan fin a su detención arbitraria.
En el mismo escrito se profusa sobre los antecedentes del encarcelamiento de Gallardo, cuyo arresto se produjo el 18 de mayo del 2013, en su domicilio particular ubicado en Reyes Mantecón, perteneciente a Valles Centrales de Oaxaca.
Acusan que, el arresto se realizó con allanamiento de domicilio, por el que posteriormente se interpuso una denuncia penal y sin orden judicial o ningún otro tipo de documento firmado por una autoridad competente.
“Los captores rompieron la chapa de la puerta, entraron en la casa, donde también se encontraban la hija y la pareja de Gallardo, y tras cubrirle la cara, fue trasladado a un domicilio privado dónde fue incomunicado y torturado”
“Posteriormente, Gallardo fue incomunicado durante 30 horas, denegándole su derecho a comunicarse con sus familiares y con su abogado. El mismo día 18 de mayo, se interpuso un juicio de amparo frente a la desaparición de persona, incomunicación y tortura”
“No fue hasta las seis de la mañana del día siguiente, el 19 de Mayo, que se comunicó a su hermana, Florencia Gallardo Martínez, que Damián se encontraba detenido en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)”.
El Observatorio asegura que, Gallardo fue forzado a firmar confesiones de auto culpabilidad, amenazándole con que si no firmaba las hojas en blanco matarían y violarían a sus familiares. Además, de que en repetidas ocasiones se le pidió que firmara documentos que les permitieran inculpar a integrantes de movimientos sociales por “delincuencia organizada” y “secuestro”
“Para ello, obligaron a Gallardo a presenciar actos de tortura física a otros detenidos. A su vez, le privaron de alimentos y le prohibieron usar sanitarios. El Sr. Gallardo también recibió golpes en los testículos, estomago y le pisaron repetidamente los pies, además de obligarlo a permanecer por un tiempo prolongado en posición de cuclillas”.
“El perito que examinó al Sr. Damián Gallardo el 18 de mayo de 2013, no reconoció la tortura, y tan solo diagnosticó huellas de violencia física. Sin embargo, no se realizó un diagnostico especializado y en consecuencia el tratamiento médico prescrito fue insuficiente, ya que éste se limitó a prescribir al Señor Gallardo”.
Recuenta que meses después dos visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos consiguieron que, todas las confesiones de culpabilidad realizadas por Gallardo y que habían sido obtenidas bajo tortura, fueran desestimadas.
Asimismo, se pudo desestimar una diligencia de ampliación de la declaración ministerial del Sr. Gallardo, ya que ésta había sido realizada sin presencia de un abogado. Posteriormente, el 24 de mayo del 2013, se presentó una denuncia penal por los actos de “desaparición forzada”, “abuso de autoridad”, “tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes” en la Delegación de la PGR en Jalisco.
El día 22 de mayo de 2013, el Ministerio Público interpuso una acción penal en contra del Sr. Gallardo y otras doce personas[4] más, por el delito de “delincuencia organizada” y solicitó una orden de aprehensión por el delito de secuestro de dos menores, tras lo cual, ese mismo día fue trasladado al penal de máxima seguridad ‘Puente Grande’ en Jalisco. Posteriormente, el 25 de mayo, se dictó un auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada, y el 16 de junio por el delito de Secuestro de Menores. Frente a dichos autos se interpusieron recursos de apelación.
Sin embargo el escrito relata que el 22 de mayo de 2013, el Ministerio Público interpuso una acción penal en contra del Sr. Gallardo y otras doce personas más, por el delito de “delincuencia organizada” y solicitó una orden de aprehensión por el delito de secuestro de dos menores, tras lo cual, ese mismo día fue trasladado al penal de máxima seguridad ‘Puente Grande’ en Jalisco.
“Posteriormente, el 25 de mayo, se dictó un auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada, y el 16 de junio por el delito de Secuestro de Menores. Frente a dichos autos se interpusieron recursos de apelación”.
“Durante su 70ª sesión en agosto de 2014, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas emitió la Opinión 23/2014 sobre el caso del Sr. Gallardo Martínez. El Grupo de Trabajo concluyó que su arresto y su detención fueron arbitrarios, y afirmó que su encarcelamiento parece deberse a sus actividades en favor de la promoción de los derechos humanos de las poblaciones indígenas de su región”
“El Grupo de Trabajo dio cuenta del incumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado Mexicano y pidió que las autoridades competentes adoptaran medidas para la reparación de las injusticias cometidas en contra del Sr. Gallardo”.
En consecuencia el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos insta a las autoridades mexicanas a tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Damián Gallardo Martínez, y en general la de todos los defensores de derechos humanos en México;
A liberar de forma inmediata al Sr. Gallardo Martínez y poner fin a todo tipo de hostigamiento judicial en su contra, así como en contra de todos los defensores de derechos humanos en México.
Además de adoptar medidas para la reparación de las injusticias cometidas en contra de Gallardo Martínez tal y como establece la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, y llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos denunciados, con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, y les sean aplicadas las sanciones.
A todo esto se suma la exigencia a las autoridades de velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento y amenazas en contra de Gallardo y en general, contra de todos los defensores de derechos humanos en México;
En el comunicado se nombra como seguros destinatarios al Presidente Enrique Peña Nieto, a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, a Arely Gómez González, Procuradora General de la República, a Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
A Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Gabino Cué Monteagudo, Gobernador del Estado de Oaxaca, a Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, Fiscal General del Estado de Oaxaca.
A Arturo Peimbert Calvo, Defensor de Los Derechos Humanos Del Pueblo De Oaxaca, a Eréndira Cruzvillegas Fuentes, Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca.
Al Embajador Jorge Lomónaco, de la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, a Juan José Gómez Camacho, Embajador de México en las Comunidades Europeas, y Observador Permanente de México ante el Consejo de Europa, y al Embajador Emilio Rabasa Gamboa, perteneciente a la Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos,
