Por Exceslior
El 26.7 por ciento de los niños mexicanos confiesa que sus papás les han pegado y 17.9 por ciento que los ha amenazado con pegarles, revela la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2010).
Mientras, 27.1 por ciento dice que sus papás los han hecho llorar y 8.6 por ciento que les han hecho sentir miedo.
Por otro lado, 74.9 de los adultos considera que no hay justificación para pegarle a un niño con el objetivo de que obedezca; no obstante, 22.1 por ciento lo justicia algo o poco y sólo 2.7 lo justifica mucho.
Sin embargo, casi 55 por ciento de las personas reconoce que a los niños y niñas se les pega mucho para que obedezcan, y 41.1 por ciento que se les pega algo o poco.
Es decir, aunque al menos siete personas de cada diez con diferentes condiciones de edad, género, residencia y nivel educativo o socioeconómico no justifican pegarle a un niño o niña para que obedezca, 95 por ciento de la población cree que es una práctica que se realiza algo, poco o mucho.
En este contexto, la Enadis pone de manifiesto que 28 por ciento de los mexicanos piensa que los niños deberían tener sólo los derechos que sus padres permitan y cuatro por ciento de plano cree que ni derechos tienen por ser menores de edad.
El ejercicio muestra la percepción en nuestro país sobre las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, así como la tolerancia hacia el maltrato físico o la violencia de los padres y las madres hacia las y los menores de
edad.
A decir del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), llama la atención que a pesar de que en México se reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser protegidos contra cualquier descuido, negligencia, abandono, abuso emocional, físico y sexual, permanece la idea entre un alto porcentaje de quienes respondieron a la Encuesta Nacional sobre Discriminación, de que a niñas, niños y adolescentes se les maltrata para que obedezcan y de que no se respetan sus derechos.
PRÁCTICA ARRAIGADA
Por su parte, el Estudio Mundial sobre Violencia contra Niños de la Organización de las Naciones Unidas señala que con frecuencia el castigo corporal en contra de niños y niñas se percibe como algo normal y hasta necesario, especialmente cuando no se producen daños físicos visibles o duraderos.
En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) advierte que en todos los continentes, con pequeñas diferencias, se utilizan las mismas estrategias con el argumento de disciplinar a los niños, entre las que destacan golpearlos con la mano, darles manotazos, bofetadas, palizas con varas, cinturón, zapatos o cucharones.
También zarandearlos, obligarlos a ponerse en posturas incómodas o jalarlos de las orejas.
Además, en el Informe sobre Castigo Corporal y los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la CIDH reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir libres de violencia, y señala que el castigo corporal constituye para los sistemas de protección de los diferentes países de América Latina un desafío para el pleno cumplimiento de ese derecho.
Ante esto, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, pugnan desde hace años para que se prohíban de manera explícita en la ley los castigos corporales a niños y niñas.
La CIDH plantea, por ejemplo que para para la eficiente implementación de dichas medidas es necesario crear los mecanismos apropiados, programas y políticas de apoyo a las familias en la educación y crianza de los niños y niñas.
El pasado lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que una amenaza de golpes o la realización de “golpes leves” podría ser suficiente motivo para que un padre o madre de familia pierda la patria potestad de sus hijos.
Recomiendan a jueces actuar con cautela
De acuerdo con especialistas en derecho familiar, la sentencia de la Corte sobre la violencia ejercida contra menores, no implica que en todos los casos, cuando salga a la luz el castigo corporal de los niños por sus padres, éstos deban ser juzgados.
Para el abogado Alberto Salgado, los juzgadores de todo deben revisar la situación de dependencia de los niños y la intimidad característica de las relaciones familiares, pues éstas exigen que las decisiones de enjuiciar a los padres deban tomarse con extremo cuidado.
“La Corte ha señalado que el interés superior del menor dicta que tienen derecho a ser cuidados y educados por sus padres. Si se da la situación de golpes como las nalgadas o malos tratos, creo yo que en la mayoría de los casos no es probable que el enjuiciamiento de los padres redunde en el interés superior de los hijos”, señaló el litigante.
Indicó que lo que ha concluido la Corte en otros casos similares, es que el interés superior del menor autoriza a restringir la convivencia con sus progenitores cuando es objeto de violencia por alguno de ellos, pero esto debe ser detenidamente analizado.
Precisamente, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación una tesis aislada de la Corte que indica que, para dar cumplimiento a la función encomendada a los padres o tutores a través de la patria potestad, éstos tienen el derecho de corregir a sus hijos en un ámbito de respeto a su dignidad.
Para llegar a esta conclusión los ministros de la Suprema Corte destacaron que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU expone que el castigo corporal es incompatible con la educación, pues ésta debe impartirse de tal forma que se respete la dignidad intrínseca del niño y se permita expresar su opinión libremente, insistiendo en la necesidad de prohibir toda forma de violencia.
