Los tambores de guerra han sonado. “Los tiempos se han agotado”, expresa el secretario de Gobernación respecto al conflicto magisterial. Un problema social y político complejo, cierto, pero si la fuerza es la salida a una movilización popular, es una confesión tácita de incapacidad política.
Y el problema se agudizará. Es el triunfo de los duros, los violentos de ambas partes. Los pueblos y comunidades de Oaxaca; la sociedad, son quienes habrán de pagar los costos; los más desprotegidos, son los más vulnerables. Y que nadie se sienta excluido del sombrío mañana que han dibujado.
La brújula gubernamental se encuentra desorientada. Entró a terrenos que sus estrategas desconocen. Al menos eso demuestran con su simplista y burda estrategia. Los informes de “inteligencia” que filtran a los medios están plagados de medias verdades, chismes y prejuicios de los informantes, pero carecen de una sistematización y análisis riguroso que permita filtrar lo que es cierto de lo que no. Y todo indica que no sólo es una maniobra para desacreditar al movimiento magisterial, sino que esa versión maniquea y superficial de la realidad, la creen a pie juntillas.
Tan es así que con ánimo celebratorio, lo mismo el gobierno federal que el estatal enfatizan que los caídos en Nochixtlán “no son maestros”, para minimizar la oposición del magisterio en contra de la reforma educativa y crear la hipótesis de la presencia de otros intereses en el movimiento.
Lo que pierden de vista es que, como en 2006 en Oaxaca, “el mal humor social” (Peña Nieto, dixit) requiere y ha encontrado un símbolo en el cual verter la indignación. Hace 10 años, el entonces gobernador Ulises Ruiz se ganó a pulso convertirse en el ícono del repudio popular. Ahora, gracias a la incapacidad gubernamental, es la reforma educativa la que condensa la inconformidad social.
ES entonces la indignación por los excesos de la clase política; también es la convergencia de agravios recientes, muchos de ellos producto de las llamadas “reformas estructurales”, de la que la educativa es apenas una pálida muestra de los derechos vulnerados.
Reformas hechas el amparo de un “Pacto por México” excluyente, tomadas las desiciones por partidos que hace rato perdieron contacto con la realidad y dejaron de cumplir su encomienda de representación de la sociedad. Reformas estructurales cuyos impactos amenazan territorios indígenas, culturas, recursos naturales y la profundización de la brecha de desigualdad. La exfoliación de minerales, recursos hídricos, el aire, está a la venta al mejor postor, atropellando los derechos de quienes son dueños de los territorios en que se encuentran. En ellas se violentó el “Estado de Derecho” ahora tan invocado, pues no se realizó la Consulta ni se obtuvo el Consentimiento Libre, Previo e informado, que establece el bloque de constitucionalidad mexicano.
Desde las comunidades se tiene claro que el reducto de una resistencia organizada, con capacidad de respuesta y movilización es el magisterio. No con otro actor político, sino a partir de la CNTE fue que se pudo construir la oposición al autoritarismo del ulisismo en Oaxaca. No es por tanto la inconformidad a la reforma educativa el elemento que aglutina, sino la defensa ante los embates neoliberales es la que da cuerpo a la solidaridad colectiva.
Además, es claro que hay un aprendizaje de la relación y las actitudes sectarias del magisterio. Ahora, el apoyo no es acrítico ni incondicional; las autoridades mixtecas lo dejaron claro en su comunicado: “la lucha por la justicia social no implica violencia, no implica paralizar ni dañar a los transeúntes, a los campesinos, a los estudiantes. Los métodos que ustedes utilizan no los compartimos porque ponen en peligro la vida de miles de ciudadanos. Queremos profesores con compromiso. Queremos compromiso principalmente con los estudiantes y con los pueblos”.
En absoluto se trata de convalidar las prácticas viciadas, corruptas y autoritarias de la CNTE y del SNTE —con posturas políticas encontradas, sin embargo, coinciden en sus vicios—, se ha hablado hasta el cansancio de ellas y su persistencia y claros excesos deslegitima la lucha magisterial (mi opinión sobre el tema puede verse en: http://rendiciondecuentas.org.mx/lecciones-del-movimiento-magisterial/).
Pero ello no justifica, ni una reforma educativa en que los especialistas en el tema han señalado que es punitiva contra el magisterio, ignora la causalidad multifactorial del problema y que su solución es errónea al considerar a la “evaluación del desempeño” como el centro de la misma (http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/manuel-gil-anton/nacion/politica/2016/07/2/problema-o-solucion y http://www.educacionfutura.org/hacia-una-alternativa-angel-diaz-barriga/9). Además, es claro que hay salidas. Más allá de la ceguera y cerrazón gubernamental y el dogmatismo y radicalismo magisterial, hay posiciones intermedias que urgen a revisar la reforma educativa de manera seria, responsable y con compromiso con la educación.
Menos aún justifica el exceso en el uso de la fuerza, en que han violentado los protocolos internacionales en la materia. El simplismo habla de aplicar la ley, pero esa es una mirada reduccionista de un problema político-social de profundas raíces.
Lo que está en juego es el proyecto de un país, cuya toma de decisiones ha sido secuestrado por una clase política distante de la ciudadanía (que ganan aún elecciones es una historia que debe ser contada aparte). Los entuertos para que lograra aprobarse el paquete de leyes del Sistema Nacional Antocorrupción, construida desde la sociedad civil y que intentó ser burdamente minimizada, es una muestra de ello.
Desde el sureste se prenden las alertas, no sólo respecto a una reforma educativa que ha ganado solidaridad y acompañamiento de zonas que difícilmente se pensaría hace unos meses (como Nuevo León y Jalisco); sino como síntesis de la indignación social respecto a un modelo económico que profundiza la desigualdad y los agravios de la clase política. Cuidado, el uso de la violencia y la represión dañará aún más el tejido social, podría gestar respuestas insospechadas que pongan en riesgo al régimen, pero a altos costos sociales, políticos y económicos. Evitarla es responsabilidad directa del gobierno, pero también del magisterio. Y es corresponsabilidad también de la sociedad en su conjunto.
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