La agresión en contra del consejero electoral, Uriel Pérez, expresa los peligrosos niveles de violencia y de falta de respeto al estado de derecho y de la institucionalidad en nuestro Estado por parte de una importante cantidad de actores políticos.
A todas luces, la reacción de las autoridades correspondiente ante esta agresión debe mandar un mensaje claro a quienes creen que pueden seguir atropellando a la ley de forma impune. La omisión o permisividad del estado en este caso, sin duda se convertirá en un estímulo para quienes apuestan al caos.
