Diputados del PAN, del PRD, Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo presentaron ayer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad con el propósito de revertir la Reforma Fiscal, por considerar que lesiona a la sociedad y pone freno al desarrollo de la economía del país.
De acuerdo con un comunicado de la diputación del PAN, la acción legal destaca que “la reforma propuesta por el Ejecutivo federal contraviene los principios constitucionales de competitividad económica, proporcionalidad tributaria y equidad fiscal, en perjuicio de los contribuyentes y de los consumidores, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas, así como a la clase trabajadora y a la sociedad en general”.
A la Corte acudieron Consuelo Argüelles, por parte del PAN; Aleida Alavez Ruiz, del PRD; Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, y Lilia Aguilar Gil, del PT.
Los diputados consideran que los ministros deben echar abajo la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16% en las zonas fronterizas, porque coloca a los ciudadanos “en franca desventaja frente a ciudadanos de otros países con los que comparten frontera y cuya tasa impositiva es menor”.
Además consideran que debe revertirse el Impuesto Sobre la Renta de 35 por ciento a 30 por ciento general y la eliminación de deducciones tope en el ISR, así como la eliminación de la obligación del nuevo régimen tributario para Pequeños Contribuyentes, por considerar que atenta contra el crecimiento económico y desincentiva el pago de impuestos a los mismos.
“La Reforma Fiscal daña gravemente a la economía nacional y por ello, respetuosamente, pedimos a los miembros del máximo órgano de justicia de México que tomen en consideración nuestros argumentos y procedan a rechazar su aplicación, de conformidad con sus facultades, en beneficio de la gran mayoría de los mexicanos que resultarán afectados en caso de que se confirme su vigencia”, señalaron en el documento entregado a la SCJN.
El recurso fue suscrito por los 114 diputados del PAN, 25 del PRD, 19 del MC y 14 del PT. En el documento dicen dar a los ministros su voto de confianza para que garanticen los principios constitucionales de competitividad económica, proporcionalidad tributaria y equidad fiscal.
