Los diputados de la Fracción Parlamentaria del PRI, Armando Bohórquez Reyes y Arsenio Mejía García, enviaron un punto de acuerdo al Congreso local para exhortar al Ejecutivo estatal a que garantice el respeto a los derechos humanos de oaxaqueños y visitantes, como lo es el libre tránsito y la educación, en el marco de las jornadas de movilizaciones de la Sección 22 del SNTE.
En la excitativa, turnada a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, los diputados priistas piden se haga un respetuoso llamado al gobernador Gabino Cué Monteagudo para que a través de las secretarías General de Gobierno, de Seguridad Pública y de Transporte y Vialidad, se implemente un efectivo plan de acción para lograr estos objetivos.
Desde la tribuna, el diputado Armando Bohórquez Reyes afirmó que es obligación del Ejecutivo del Estado garantizar el libre tránsito de las personas, mientras los miembros de la Sección 22 ejercen su libertad de manifestación de sus ideas y de reunión, debiendo vigilar también que en aras de ésta, no se comentan delitos ni se afecte el derecho a la educación de la niñez y juventud oaxaqueñas.
Dijo que, si bien es cierto que la manifestación de las ideas y de reunión son derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Política federal y estatal, sin embargo, éstos no son absolutos, porque la misma Carta Magna los limita cuando se ven amenazados los derechos de terceros.
Detalló que es un derecho de las personas transitar libremente por todas las carreteras de nuestro país y de nuestro estado, como también lo es la educación, de ahí el exhorto al Ejecutivo estatal, instancia que está obligada, no sólo a hacer respetar estas garantías, sino a prevenir su violación.
“Es necesario que el Ejecutivo actúe ante el anuncio de la Sección 22 del SNTE de realizar este 17 de enero una jornada de movilizaciones, la cual contempla el cierre de 37 puntos carreteros como medida para exigir al Ejecutivo del Estado le entregue las 35 escuelas en poder de la Sección 59”.
Ante ello, el legislador priista afirmó que es necesario que el Ejecutivo estatal resuelva el conflicto entre ambas secciones sindicales para evitar más afectaciones a la sociedad, principalmente a los niños y a las niñas.
Lamentó que estudios de la UNICEF revelan que Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional como mayor rezago educativo y que el promedio de escolaridad sea de 6.9 años, inferior a la media nacional que es de 8.6.
“Además, las movilizaciones fuera del marco legal afectan el flujo turístico en todos los destinos de la entidad y, en consecuencia, daña la economía y repercute negativamente en la imagen de Oaxaca en el contexto nacional e internacional”, finalizó.
