A contrarreloj, en un periodo de sesiones de 90 días, la Cámara de Diputados tendrá la responsabilidad de discutir y votar al menos 14 leyes secundarias en materia política electoral y ocho más sobre telecomunicaciones, además de los 23 ordenamientos previstos por el Senado para reglamentar la reforma energética.
El plazo fatal para aprobar la legislación secundaria de la reforma energética vence el 19 de abril y la fecha límite para expedir la reglamentación de la político-electoral es el 30 del mismo mes, mientras que en el tema de telecomunicaciones existe ya un retraso de 42 días respecto a los seis meses que originalmente tuvo para ello el Congreso de la Unión.
Los diputados federales se alistan ya para comenzar su periodo ordinario de sesiones el próximo 1 de febrero y entrar al análisis de las leyes secundarias que actualmente negocian los grupos de trabajo designados ex profeso.
A la Cámara de Diputados correspondería dictaminar la reglamentación de las reformas político-electoral y de telecomunicaciones, pero también la parte de la reforma energética relacionada con derechos e impuestos, confirmó Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada priista en el Palacio de San Lázaro.
El diputado Fernando Rodríguez Doval, negociador del PAN en el tema de la reforma político-electoral, detalló a su vez que el Poder Legislativo tiene el reto de discutir y aprobar en esa materia un total de 14 ordenamientos, entre ellos seis nuevas leyes y modificaciones de fondo a ocho instrumentos ya existentes.
Detalló que el Congreso de la Unión expediría las leyes generales de Partidos Políticos, de Procedimientos Electorales y de Delitos Electorales, así como la Ley Reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de Propaganda Electoral.
“También se deben expedir las leyes orgánicas de la Fiscalía General de la República y del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social”, dijo.
Rodríguez Doval subrayó asimismo la necesidad de adecuar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación; la Ley de Ingresos; el Presupuesto de Egresos; el Código Penal Federal; el Código Federal de Procedimientos Penales; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Insistió en la urgencia de concluir ese proceso antes del 30 de abril y advirtió: “De no asumir todos esta responsabilidad en tiempo y forma, nos quedaríamos sin la posibilidad de contar con las herramientas necesarias para organizar las elecciones de 2015”.
Por lo que hace a la reglamentación de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, el priista Eligio Cuitláhuac González anticipó la discusión de al menos ocho proyectos de ley para llevar a la práctica la enmienda constitucional aprobada y publicada el año pasado.
El secretario de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados señaló que esas leyes secundarias se ocuparán de fortalecer los derechos vinculados a la libertad de expresión y acceso a las tecnologías de la información y comunicación, además de impulsar los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, fomentar la competencia en televisión abierta y restringida, radiotelefonía fija y móvil, y servicios de datos y telecomunicaciones.
Entre los borradores que los negociadores del Congreso de la Unión trabajan con el Ejecutivo se cuentan los de las leyes Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; de Servicio de Radiotelefonía; de Acceso a las Tecnologías de la Información; del Instituto Federal de Telecomunicaciones y Reglamentaria del Derecho de Réplica, además de las reformas al marco jurídico de Competencia Económica.
El diputado ecologista Federico González Luna, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, apremió también a los grupos parlamentarios a desahogar el trabajo pendiente, pues, advirtió, “la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones sería letra muerta si la legislación secundaria no se instrumenta y encamina debidamente”.
