La vocera del Observatorio de Violencia Social y de Género en la entidad, Argentina Casanova Mendoza, reportó una disminución de la violencia contra las mujeres en la entidad.
En entrevista, agregó que la baja incidencia de violencia contra las mujeres los recientes cuatro años se debe a la implementación de políticas públicas de cero tolerancia a ese ilícito, como la tipificación del feminicidio en su Código Penal.
De acuerdo con la vocera, para continuar con la tendencia a la baja en ese ilícito y en los feminicidios es necesario que la política del estado siga siendo con voluntad política mediante sanciones, legislación, investigación y documentación de los casos de violencia.
Asimismo, recalcó los avances, como la creación del Centro de Justicia para las Mujeres, la implementación de las órdenes de protección y la política pública de sanción mediante sentencias con perspectiva de género.
Apuntó que la implementación de políticas públicas de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres originó un panorama de prevención, “de tal forma que es posible analizar y observar una disminución en la violencia feminicida a partir de las estadísticas de los últimos cuatro años”.
Refirió que en 2010, en el primer año de la implementación de las órdenes de protección, éstas se otorgaron 465 a mujeres, y se registraron ocho feminicidios, mientras que en 2011 el número de órdenes aumentó a mil 156 y se registraron 13 feminicidios.
En 2012, continuó la activista, se reportaron mil 600 casos de protección y ocho feminicidios.
El incremento en el número de casos de protección no se debe a más casos de violencia en Campeche que en el resto del país, sino a la resistencia por parte de las instituciones para otorgarlas, aclaró.
El año pasado, expuso, con un escenario de sanción al feminicidio, atención a la violencia y su documentación en Campeche se tuvo una demanda de 850 Órdenes de protección y se registraron nueve casos de feminicidios, además de que se consignó un caso por tentativa de feminicidio.
Planteó la necesidad de contar con un marco jurídico que considere y sancione el feminicidio, así como la prevención de la violencia feminicida por riesgo inminente y privilegiar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
