Los republicanos siguen firmes en su postura sobre la reforma migratoria en un cónclave que celebran esta semana en Maryland, al rechazar la posibilidad de conceder la ciudadanía a individuos que han violado las leyes de Estados Unidos y sólo exceptúan a los estudiantes conocidos como Dreamers.
En los principios elaborados para establecer una postura común respecto a la reforma migratoria propuesta por el gobierno, filtrado ayer a los medios, los republicanos abrieron la posibilidad de regularizar a los indocumentados, pero mencionaron una nutrida lista de requisitos que, en algunos casos, parecen difíciles de cumplir.
Entre estos requisitos se menciona que los indocumentados estén dispuestos a admitir su culpabilidad, pasen controles rigurosos de sus antecedentes, paguen multas e impuestos atrasados, aprendan inglés y civismo estadunidense, y sean capaces de mantener a sus familias sin necesidad de subvenciones públicas.
Uno de los puntos, de una lista de seis elaborada en el cónclave, dejó claro que nadie en Estados Unidos está exento de cumplir la ley y que, por ese motivo, no habrá un “camino especial a la ciudadanía” para esas personas que violaron las normas de inmigración.
Nuestra seguridad nacional y económica depende de requerir a las personas que viven y trabajan aquí ilegalmente a presentarse y estar a bien con la ley”, manifestaron.
Sin embargo, se mostraron a favor de los llamados Dreamers o soñadores, estudiantes indocumentados que cumplen ciertos requisitos y a quienes consideran “niños que no pueden ser castigados por los errores de sus padres”.
El caso de los Dreamers es mencionado en uno de los principios bajo el título “Juventud”, en el que el Partido Republicano especifica que es el momento de dar una oportunidad para otorgar la residencia legal y la ciudadanía a “aquellos que fueron traídos a este país cuando eran niños por causas ajenas a su propia cuenta”.
Primero reforzarían la frontera
En su documento de principios, los republicanos aseguran que Estados Unidos ha fracasado en su misión de asegurar sus fronteras, por lo que establece que antes de la reforma migratoria se deberá estar aplicando una política de “cero tolerancia” para quienes cruzan la frontera o permanecen en el país al vencer su visa.
En este mismo punto, proponen aprobar una reforma que evite que los presidentes no puedan detener unilateralmente el cumplimiento de las leyes de migración.
Los republicanos recuerdan también que el actual sistema permite la obtención de visas a familiares de ciudadanos o en sorteos, y proponen cambiar el sistema para favorecer a personas con alto nivel académico y con conocimientos técnicos específicos.
Además, proponen comenzar a utilizar datos biométricos en las visas y en las aduanas, y piden un “sistema viable de verificación electrónica de empleo”, para evitar fraudes.
Sobre el tema del trabajo temporal, los republicanos establecen que el objetivo de una reforma migratoria es hacer frente a las necesidades del país, especialmente en el sector agrícola, y definen que este tipo de empleados no deberán desplazar o poner en desventaja a los trabajadores estadunidenses.
La coalición de redes proinmigrantes más extensa del país, el Movimiento por una Reforma Migratoria Justa, se mostró satisfecha con el hecho de que los republicanos ya incluyan en su agenda el tema, pero consideraron sus principios “insuficientes”.
Necesitamos una acción real. La falta de liderazgo del Partido Republicano en el último año ha llevado a la separación de cientos de miles de familias de inmigrantes estadunidenses, lo que significa que más de nuestros niños estén creciendo en la desesperación y sin un padre”, aseguró la coalición.
Agregaron que un principio fundamental de cualquier reforma de inmigración debe contar con el plan de ciudadanía para los indocumentados.
Demandan a EU por detención de ilegales
Dos organizaciones de defensa de inmigrantes demandaron ayer al gobierno estadunidense para que les entregue documentos que expliquen cómo implementa la cuota federal de mantener a al menos 34 mil inmigrantes en cárceles de forma diaria.
La demanda fue interpuesta en la corte del distrito sur de Nueva York en contra de la Policía de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE, y el Departamento de Seguridad Interna.
Los dos grupos demandantes, el Detention Watch Network y el Center for Constitutional Rights, aseguran que quieren saber cómo funciona el sistema que mantiene a al menos 34 mil inmigrantes encarcelados de forma diaria en Estados Unidos, ya que esa política, dicen ambos grupos, conduce a violaciones de derechos humanos y a largas detenciones de individuos.
Silky Shah, directora provisional del Detention Watch Network, explicó que el objetivo de la demanda es entender lo que está ocurriendo.
Shah dijo que su organización no pretende iniciar un largo litigio sino que quiere los documentos antes de que el gobierno apruebe el presupuesto del 2015, en el que se incluirían millones de dólares para proseguir con la política de detención.
Según la demanda, mantener la cuota de 34 mil camas diarias para inmigrantes cuesta al gobierno más de 5 mil millones de dólares.
Las organizaciones exigen que se eliminen las cuotas de detención, ya que no creen que la gente debería ser detenida debido a su estatus migratorio.
El Congreso impuso las cuotas de detención desde 2009 y las renueva cada año, enviando así el dinero a cárceles privadas, estatales y locales que retienen a inmigrantes en proceso de deportación o en espera a saber si serán deportados.
Tenemos preguntas sobre si esta política ha generado largas detenciones, sobre si ha generado categorización racial en zonas donde hay más camas para estos detenidos, sobre si ha generado detenciones arbitrarias y deportaciones arbitrarias”, señaló Shah.
Ambos grupos exigieron los documentos al gobierno en 2013, pero al no obtenerlos, interpusieron la demanda.
Activistas aseguran que una política de cuotas de detención para gente que no es ciudadana no tiene precedente y demuestra el duro tono que usa el gobierno de Barack Obama.
