El Consejo Ciudadano de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) denunció que la Secretaría de Finanzas no ha liberado los recursos que le corresponden, por lo que dicho órgano autónomo arrastra fallas en su operación.
En una sesión pública, precisó que alrededor de 40 trabajadores no han cobrado tres quincenas, lo que –subrayó– revela la insensibilidad de un gobierno que se dice “humanista”.
También denunció que debido a que no se ha liberado el presupuesto autorizado, la DDHPO se ha visto obligada a cancelar algunas actividades de capacitación y promoción de los derechos humanos en la Normal de Tamazulapan y en el hospital de Ixtepec, dado que no hay recursos ni para viáticos.
El ombudsman Arturo Peimbert Calvo manifestó que además de haber reducido el presupuesto anual a la Defensoría, la Secretaría de Finanzas se niega a liberar el recurso autorizado bajo el argumento de que la persona que atiende el asunto se fue de vacaciones.
“Nos informaron que debido al periodo vacacional, las personas encargadas de los trámites administrativos se fueron de vacaciones y no hicieron los movimientos necesarios, afectando el trabajado de esta defensoría”, puntualizó.
Lo preocupante es que la Secretaría de Finanzas, añadió, “con cualquier argumento no ha liberado el recurso desde noviembre, diciembre, enero, y se sigue contando el tiempo”.
Organizaciones no gubernamentales también cuestionaron al gobierno de Gabino Cué por la ausencia de una política transversal de derechos humanos y por la grave descoordinación que existe entre las instancias responsables de brindar protección a quienes trabajan en la defensa de los derechos humanos.
Según el “Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México”, publicado en 2013 por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oaxaca continúa en la lista de las tres entidades con más agresiones a personas.
Por ello, organizaciones humanitarias instaron al gobierno de Gabino Cué a instrumentar mecanismos eficaces de protección.
En el marco de una reunión con funcionarios del gobierno estatal, los activistas resaltaron que en Oaxaca también se ha documentado la vulnerabilidad de los defensores comunitarios, quienes sufren repetidas violaciones a sus derechos y se encuentran en total indefensión frente a la omisión del gobierno del estado.
Otro rubro preocupante es que las mujeres defensoras de derechos humanos sufren ataques específicos y de particular gravedad. Sólo en 2013 se documentaron 91 actos de agresión hacia esas personas.
Organizaciones como el Albergue “Hermanos en el Camino”, Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” (Barca), Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código-DH), Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, y Servicios para una Educación Alternativa, expresaron su preocupación por la grave situación de los defensoras de derechos humanos en el estado, y solicitaron que como muestra de la voluntad política y en coherencia con el discurso del gobierno “humanista” de Gabino Cué, se instrumente de manera inmediata “una política pública transversal de derechos humanos” que garantice su protección.
