Maestros que cuentan con una plaza docente en realidad ejercen funciones de choferes, intendentes, secretarias, mensajeros, recepcionistas y de personal dedicado a fotocopiar documentos.
En un documento oficial, la Secretaría de Educación Pública (SEP) acepta que hay miles de empleados que cobran como si dieran clases y cuya situación busca regularizar, a fin de tener el control total de las plazas magisteriales.
“Urge la información real del personal denominado como comisionado, a efecto de formular el diagnóstico a nivel nacional”, reconoce la dependencia en el documento.
La SEP estableció un programa para definir qué trabajadores cuentan con plaza de profesor pero trabajan en una oficina administrativa o ejercen funciones sindicales.
Esta regularización de plazas será muy costosa, porque implicará el pago de liquidaciones y la recontratación en puestos administrativos.
Sin embargo, organizaciones como Mexicanos Primero aseguran que es mejor erogar miles de millones de pesos en los próximos años, a seguir malgastando por décadas dinero que es para fines educativos y no para puestos burocráticos.
SEP se lanza por control de plazas
Detectan que choferes, intendentes, secretarias, mensajeros y recepcionistas cobran como maestros. De acuerdo con la organización Mexicanos Primero, existen 29 mil docentes comisionados en todo el país, a quienes les pagaron mil 300 millones de pesos en 2012.
Choferes, intendentes, secretarias, mensajeros, recepcionistas y hasta personal dedicado a sacar fotocopias que cuenta con una plaza de docente será regularizado, de acuerdo con la SEP, con el fin de tener el control total de las plazas que hay en el país.
En un documento oficial, la Secretaría de Educación Pública (SEP) acepta que hay miles de maestros comisionados, incluso que son más de los que por años han reportado las entidades de manera oficial y que “urge la información real del personal denominado como comisionado, a efecto de formular el diagnóstico a nivel nacional”.
A finales de 2012, Mexicanos Primero contabilizó 29 mil comisionados, “aunque estamos seguros de que eran más”, dijo en entrevista su director ejecutivo, David Calderón, tras agregar que esos casi 30 mil maestros en comisiones representaron un costo total de mil 300 millones de pesos en ese año.
Sin embargo, de abril a junio de 2012, la SEP reportó alrededor de 13 mil profesores comisionados, de los cuales dos mil 516 estaban dedicados a funciones sindicales, según los datos trimestrales proporcionados por los gobiernos estatales en ese año.
Esa cifra también contrastó con la obtenida por Mexicanos Primero en el primer trimestre de 2012, calculando más de 45 mil docentes comisionados a otras funciones, de los cuales casi la mitad, cerca de 22 mil, estaba cumpliendo actividades laborales para el SNTE.
La asociación civil advirtió que esas comisiones representaron un gasto de 383 millones 747 mil pesos para pagar sueldos de trabajadores sindicalizados en vez de que fueran usados para actividades educativas.
Incluso, estimó que durante 2011 el pago a maestros comisionados fue de mil 727 millones de pesos, lo cual revela que esos recursos públicos no fueron usados para actividades educativas, sino para sueldos que deberían ser pagados por el sindicato o por los gobiernos estatales.
Ante la diferencia de cifras oficiales con las estimadas por agrupaciones civiles, la SEP pretende poner orden en las plazas docentes, porque “hay muchos más comisionados de los que reporta el informe que se deriva de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas”, señaló en la justificación del programa con el que busca reordenar esas comisiones.
En ese documento subrayó que elaborará un diagnóstico integral “de ese fenómeno”, para “saber realmente cuántos son y dónde están; su función, perfil que ostentan, su experiencia docente, técnico docente o en el desempeño de funciones de dirección o supervisión y definir quién puede ser contemplado en el Servicio Profesional Docente y quién no”.
A pesar de que ello implicará que la Federación gaste miles de millones de pesos en ejecutar bajas definitivas para quienes no dan clases y darles a su vez altas en puestos burócratas, el gobierno federal intentará establecer la regularización de plazas docentes y administrativas, pues, de no hacerlo, expertos en educación advierten que seguirá malgastando dinero que debería ser utilizado para mejorar la enseñanza en el país.
Como ejemplo del mal uso de plazas docentes, David Calderón, director ejecutivo de Mexicanos Primero, dijo que “muchísimas personas tienen un trabajo que es netamente administrativo y tienen una plaza de maestro. El hecho es que no se les pueda regresar a una asignación porque nunca la tuvieron, no los puedes devolver a la escuela, porque en realidad nunca fueron asignados a una escuela. Entonces hace ver el abuso que cometieron las autoridades al disponer de la bolsa de plazas docentes como si fuera su patrimonio”.
Sin embargo, la SEP no podrá despedir a esos trabajadores, porque debe acatar la ley, y por esa razón el pago de liquidaciones será costoso, aunque eso representará tener el control de las plazas docentes que antes desconocía.
Con el objetivo de poner orden a la incógnita de trabajadores que tienen plaza de maestro, pero que trabajan en una oficina administrativa o tienen funciones sindicales, la dependencia a cargo de Emilio Chuayffet estableció el programa para la definición de la situación del personal que ostenta plazas con categorías docente y desempeña funciones no comprendidas como docentes.
Con ello pretende identificar a los trabajadores que nunca han dado clases, pero que consiguieron una plaza de maestro afiliada al SNTE y han desempeñado otras funciones, que van desde chofer, intendente y secretaria hasta mensajero, recepcionista o personal que saca fotocopias.
Dicha regularización de plazas será muy costosa, pero organizaciones civiles como Mexicanos Primero aseguran que es mejor gastar miles de millones de pesos en los próximos años, a seguir malgastando por décadas dinero que es para fines educativos y no para puestos burócratas.
“Es muy costoso corregir, pero es más costoso no hacerlo. Si esto no se corrige en estos años, después será totalmente inviable, porque las jubilaciones de estas personas que no están haciendo un trabajo docente, serán muy grandes”, afirmó Calderón.
Aclaró que para ello, la SEP necesitará del respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunque no será necesario hacerlo de golpe, pero “sí es muy importante hacerlo con transparencia, con certeza y contundencia”, acotó.
David Calderón aplaudió que la SEP reconozca que los comisionados rebasan cifras oficiales que se han dado en años anteriores. “Es un reconocimiento amargo de la realidad, pero el primer paso de honestidad de la SEP que hace mucho tiempo venía minimizando esta situación”.
Aunado a ese reconocimiento, el experto en educación consideró que es un inicio para terminar con la simulación que por muchos años los estados han fingido, pero que ahora deberán acatar porque la SEP manejará en 2015 el pago de la nómina de maestros.
“Una persona puede decir que no tiene la culpa de que lo hayan contratado como maestro. A mí me pagan por sacar fotocopias y así ha sido toda la vida, pero tengo clave de docente y no es mi culpa. El asunto es que no lo puedes despedir porque no es maestro, pero sí implica una buena bolsa de recursos para liquidarlo”, señaló Calderón.
Incluso, comentó que secretarias heredaron el puesto de su mamá, pero con plaza de maestra, y aunque ninguna “puso un pie en una escuela”, no se les puede despedir, porque “los verdaderos responsables son las personas de la cúpula del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE de los últimos 25 años y de las autoridades educativas que lo permitieron”.
Frente a la magnitud de la irregularidad en las contrataciones de personal con plaza docente, el reto que la SEP estableció es poner fin a ello para finales de 2015.
Cabe destacar que el pasado 30 de septiembre el Instituto de de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) firmaron un convenio para transparentar los recursos y el número de plazas que existen en la agrupación sindical.
El pasado viernes, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet, dio a conocer el despido de 500 profesores en todo el país, por faltar tres días a clases seguidos o en un lapso de un mes, tal como lo marca la ley a partir de la Reforma Educativa. La postura de la CNTE fue que en Oaxaca no había tales despidos, aunque quizá pudieron darse en Veracruz.
Medidas programadas
Para regularizar las plazas docentes y administrativas, la Federación debe gastar miles de millones de pesos, por lo que estableció un programa para la definición de la situación del personal que ostenta plazas con categorías docente y desempeña funciones no comprendidas como docentes.
Pretende identificar a los trabajadores que nunca han dado clases, pero que consiguieron una plaza de maestro afiliada al SNTE y han desempeñado otras funciones.
La SEP necesitará del respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer frente a los compromisos que adquiera con la regularización, aunque no será necesario hacerlo de golpe.
Debido a que tiene que acatar la ley, la Secretaría de Educación Pública no podrá despedir a los trabajadores que obtuvieron una de esas plazas.
El pago de liquidaciones será costoso, incluso se calcula en varios miles de millones de pesos, pero ello representará tener el control de las plazas docentes que antes desconocía.
El reto que la SEP estableció es poner fin al asunto relacionado con los maestros comisionados para finales de 2015.
Los trabajadores que nunca han dado clases, pero que consiguieron una plaza de maestro afiliada al SNTE, van desde chofer, intendente y secretaria hasta mensajero, recepcionista o personal que saca fotocopias.
