El Defensor de los Derechos Humanos Arturo Peimbert, informó que el pasado 10 de febrero se inició el expediente de queja DDHPO/161/(01)/OAX/2014 por presuntas violaciones a los derechos humanos de treinta y tres personas originarias del municipio de Santa María Chilchotla, Teotitlán, Oaxaca, quienes fueron detenidas por elementos de la Policía Estatal.
Los hechos ocurrieron el pasado ocho de febrero entre las quince y dieciséis horas cuando algunas de las personas involucradas se encontraban en el centro de la población para participar en la reunión del pueblo con motivo del conflicto post electoral, mientras otros estaban en el lugar debido a que se realizaban diferente actividades, cuando arribaron al centro de la población unidades de la Policía Estatal, de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial, así como de Transito del Estado, quienes comenzaron a detener a las personas, sin justificación y de forma violenta.
Debido a estos hechos, la Defensoría emitió el pasado 10 de febrero medidas cautelares a la Secretaría General de Gobierno para que informara a qué autoridades habían sido remitidas las treinta y tres personas, además de girase instrucciones a los servidores públicos involucrados para que detallaran su participación en los hechos.
El Defensor manifestó que este organismo público, autónomo y ciudadanizado a través de una medida cautelar solicitó al Procurador General de Justicia del Estado Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, girar instrucciones a los funcionarios públicos involucrados para que informaran sobre sus acciones, además solicitó que se inicie la averiguación previa correspondiente y que se realizaran las acciones necesarias para la localización de los detenidos.
Peimbert Calvo recordó que el pasado 31 de diciembre del 2013 la Defensoría emitió una Alerta Temprana por distintos ( conflicto- postelectorales ), dirigida a la Secretaría General de Gobierno, la Secretaria de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno del Estado, para que de acuerdo a sus atribuciones garantizaran la seguridad humana, así como el respeto y apego al sistema jurídico.
