A solicitud del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Presidencia de la República interpuso una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que confirme las facultades del órgano regulador para resolver en materia de must carry–must offer; es decir, la retransmisión de señales de televisión abierta a la que están obligados los prestadores de servicios de televisión de paga.
En conferencia de prensa, Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, en compañía del consejero jurídico Humberto Castillejos, explicó que el recurso busca apoyar al IFT contra el juez 32 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, quien hace un par de días invadió facultades al solicitar al regulador que no se pronunciara respecto de la retransmisión de señales.
Ayer se confirmó que la Suprema Corte recibió el recurso promovido por el gobierno federal. “Una vez que se valoró el caso, el Presidente de la República determinó promover la controversia. (El juez) está fuera de derecho, porque no tiene atribuciones para meterse en temas federales”, dijo Sánchez.
Llevan conflicto a Suprema Corte
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) solicitó al Ejecutivo Federal la promoción de una controversia constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirme la facultades conferidas por la Constitución al regulador para resolver en materia de must carrier–must offer, es decir, la retransmisión de señales de televisión abierta a la que están obligados los prestadores de servicios de video restringido.
El Poder Ejecutivo, mediante la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, dijo ayer que apoyará al IFT e interpondrá la controversia en contra del juez 32º de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, José Guadalupe Mejía Galán, debido a que invadió facultades al solicitar al regulador que no se pronunciará respecto de la retransmisión de señales.
Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República, en compañía del consejero jurídico, Humberto Castillejos, dieron a conocer ayer que tal recurso se interpondría de inmediato ante la SCJN.
Indicaron que el juez 32 invadió las facultades del IFT para resolver sobre la retransmisión de la señal de televisión abierta por parte de los concesionarios de la televisión de paga, y agregaron que esto es gratuito y clave para estimular la competencia en el sector.
Ayer se confirmó que la Corte recibió la controversia promovida por el Ejecutivo.
Respuestas
La compañía Dish dio a conocer que denunció penalmente al juez 32º de lo Civil. “El oficio constituye un agravio directo e inédito a la Constitución y al régimen de autonomía que la Reforma Constitucional de junio de 2013 que otorgara al IFT; además de que no presenta la menor motivación o fundamentación; no es una orden o mandamiento de autoridad judicial, pues únicamente hace del conocimiento del regulador su contenido, además de que el oficio no obliga al regulador a acatar medida alguna emitida por una autoridad judicial competente”.
El 10 de junio de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto promulga la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica. La nueva ley establece la obligación constitucional de los proveedores del servicio de video restringido de retransmitir la señal de televisión abierta, mecanismo conocido como must carry-must offer.
Televisa destacó que “el oficio girado por el Juez 32 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal al IFT, para notificarlo sobre la confirmación de sus atribuciones en lo concerniente a derechos autorales de Televisa, tiene como sustento dos resoluciones del Primer Tribunal Colegiado de Circuito. Tribunal Federal de última instancia”.
EN CORTO
El 10 de junio de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto promulga la Reforma de Telecomunicaciones y Competencia Económica. La nueva norma establece la obligación constitucional de los proveedores de servicio de video restringido de retransmitir la señal de TV abierta.
En julio de 2013, Dish empieza a avisar a sus suscriptores que incluirá las señales de los canales de TV abierta. Lo hace a partir de septiembre.
Televisa y TV Azteca protestan argumentando que faltan las leyes secundarias, y exigen al IFT que intervenga. El organismo anuncia una consulta pública al respecto, cuyos resultados serían dados a conocer el 12 de febrero.
