La obstinación de los jóvenes en la calle, y del dólar en el mercado negro, ha erosionado en pocos días la imagen de consolidación que el Gobierno de Nicolás Maduro logró construir a partir de su triunfo en las elecciones municipales de diciembre. Ayer persistían focos de disturbios y bloqueo de calles en el este de Caracas —el tradicional baluarte opositor— y también en otras ciudades, en la continuación de la campaña de protestas iniciada el 12 de febrero y que hasta el momento, según la versión oficial, ha producido 8 muertos, 160 heridos y 324 detenciones.
Mientras, el dólar saltaba a una cotización de 88 bolívares en el mercado paralelo, a pesar de las medidas de “equilibrio” anunciadas el miércoles por Maduro.
Ante esa realidad, el Gobierno ha desviado la atención culpabilizando a los medios de prensa. “Los medios crean desasosiego en la población”, acusaba ayer Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo y ex parlamentaria chavista. “CNN podría estar incurriendo en propaganda de guerra”, continuó, dando la razón al presidente Maduro, que la noche anterior había ordenado a la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, iniciar el proceso administrativo para sacar del aire la señal de esa cadena internacional. Por su parte, el alcalde oficialista de Caracas y hermano de la ministra, Jorge Rodríguez, opinó que “CNN está haciendo exactamente lo mismo que hizo la radio hutu que llamaba cucarachas a los tutsis en Ruanda”.
CNN en español —se recibe en Venezuela a través de diversos servicios de televisión por suscripción— ha dedicado buena parte de su programación a informar de las protestas en Venezuela que han sido omitidas o minimizadas por los medios locales, bajo fuerte control gubernamental. Su presentadora principal, la periodista Patricia Janiot, llegó a Venezuela el martes para informar desde el terreno. Sin embargo, el viernes Janiot abandonó el país tras las acusaciones de Maduro contra CNN y apenas poco después de que el Gobierno anulara la acreditación de la corresponsal permanente en Venezuela, Osmary Hernández. La semana pasada, el Ejecutivo suspendió, “por una decisión de Estado”, la señal de NTN24, un canal colombiano de noticias que cubrió en vivo el primer día de protestas.
Durante la crisis se registraron 50 casos de ataques contra la prensa, reportó el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. En una rueda de prensa, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas Alejandro Tinedo Guía, exigió al Estado venezolano garantizar las condiciones para el ejercicio de la profesión. “Respeten y protejan a los periodistas en la calle”, dijo, “ellos son los ojos y las voces del mundo”.
“El Gobierno venezolano ha adoptado abiertamente la táctica clásica de un régimen autoritario”, expresó desde Washington José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. “Encarcelando a sus oponentes, amordazando a los medios e intimidando a la sociedad civil”.
El Gobierno ejerce además la persecución pura y dura. El martes se entregó a las autoridades el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, a quien el Gobierno señala como principal instigador de los desórdenes. Recluido en una cárcel militar, enfrenta cargos por asociación para delinquir y destrucción de bienes públicos. De ser encontrado culpable, podría quedar sentenciado a 10 años de prisión. A la vez, el poder judicial emitió órdenes de captura contra otros dirigentes de Voluntad Popular.
En respuesta, la oposición ha convocado para hoy una gran concentración en la capital. Además de la liberación de los presos y el cese de la persecución, la oposición exige el desarme de los grupos de choque chavistas que han participado en el control de las manifestaciones.
Luego de que el presidente Maduro asomara la suspensión del servicio de metro y metrobús a las zonas opositoras del este de Caracas —medida de la que se retractó en 24 horas—, ayer el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, anunció que estudia otra maniobra de control social: el corte del suministro de gasolina “a las zonas bajo asedio de bandas fascistas”.
Con el ánimo soliviantado de las calles y una crisis económica para la que no se avista respuesta inmediata, en Venezuela podría estarse gestando una turbulencia de escala mayor.
