Integrantes de Organizaciones No Gubernamentales exigieron al gobierno federal y estatal no ponderar los intereses económicos de empresas transnacionales, como la empresa Fortuna Silver Mines esto en el municipio de San José del Progreso que la de los ciudadanos.
Luego de presentar el informe de Justicia para San José del Progreso, las diversas organizaciones recriminaron que existen violaciones sistemáticas a los derechos humanos producidas por la imposición del proyecto minero “San José” en los Valles Centrales de Oaxaca, impulsado por dicha empresa.
“Desde el 2006 la empresa cuenta con el respaldo de las autoridades estatales y federales y han violentado principalmente el derecho a la vida, el de información pública, el respeto a la propiedad colectiva e integridad del territorio, el derecho a un medio ambiente sano, a la salud comunitaria, al derecho de las niñas, niños y adolescentes, el derecho de las mujeres.
Ante ello, reiteraron sus recomendaciones para el gobierno federal, estatal y municipal entre ellos resaltaron la de ponderar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sobre los derechos e intereses de las empresas mineras y garantizar el derecho a la vida, integridad física y psicológica de la Población de San José del Progreso.
A la Secretaría de Economía cancelar las concesiones mineras Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III, mismas que fueron otorgadas sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los habitantes de San José del Progreso.
“A las autoridades estatales se les pide que asuman un papel activo en la defensa de los ciudadanos y ciudadanas que enfrentan violaciones a sus derechos humanos por la instalación de megaproyectos en sus territorios, interviniendo en el monitoreo, revisión e interposición de recursos legales para la revocación de concesiones mineras y autorizaciones de Evaluación de Impacto Ambiental otorgados por el Gobierno Federal que no cumplan con las formalidades legales establecidas en las leyes mexicanas y acuerdos internacionales”.
Asimismo presentaron denuncias dirigidas al gobierno de Canadá en las cuales recomienda implementar medidas efectivas, legislativas o de otra índole para asegurar que las empresas mineras canadienses sean llamadas a responder ante el sistema de justicia canadiense por violaciones a los derechos humanos cometidos fuera de su territorio.
Dicho Informe fue presentado en el marco de los asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez destacados defensores del territorio y opositores al proyecto minero. Las organizaciones que suscriben el informe, realizan un reconocimiento de su labor en la defensa de los derechos humanos.
