Alejandrina Carmina Álvarez García, presidenta municipal de San José Cosolapa, Tuxtepec, responsabilizó a diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la situación que vive la localidad en la cual hoy pretenden desaparecer poderes.
Respaldada por los integrantes de su cabildo, la Concejal emanada del Partido Movimiento Ciudadano (PMC), calificó de “misóginos” a los representantes populares que desde su posición hoy tratan de desconocer a una autoridad que logró no sólo la legitimidad en las urnas, sino ante las autoridades electorales del Estado y la federación.
Luego que el pasado 7 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desalojara el palacio municipal que mantenía en su poder un grupo de ciudadanos “pagados” por diputados de la fracción del PRI, la presidenta municipal agradeció la acción llevada a cabo por el gobierno del Estado.
Álvarez García sostuvo que hoy de nueva cuenta la ciudadanía ha vuelto a confiar en la justicia, toda vez que la paz social ha vuelto a la localidad.
Insistió que ya ha sido acreditada, como también se ha comenzado hacer obra en la localidad, a pesar de haber tenido que iniciar su gestión en una sede alterna.
La autoridad municipal pidió respetar el triunfo que se dio en las urnas y en los tribunales y señaló que se pretende imponer a un administrador debido a que buscan tapar los adeudos generados en el pasado trienio.
Como suele suceder, la presidenta municipal acusó que no hubo un proceso de entrega recepción, documentos que avalen obras y el palacio se encontró totalmente saqueado, por lo que se presume existieron desvíos de recursos.
En este sentido apuntó, que probablemente el faltante sea por más de 30 millones de pesos, de los cuales 8 son un adeudo a la Comisión Federal de Electricidad y poco más de 25 millones en recursos federales que se desconoce en qué fueron invertidos.
Ante la situación la presidenta pidió a la presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación del Congreso del Estado, Lilia Mendoza Cruz, no dejarse manipular y el caso Cosolapa sea revisado en apego a la legalidad.
