Gustavo Ponce, el tesorero del Gobierno del Distrito Federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, obtuvo su libertad gracias a un amparo de la justicia federal.
La salida del Reclusorio Preventivo Varonil Norte se concretó a las 12:55 horas, luego de ser notificado por el cuarto tribunal colegiado en materia penal de primer circuito.
Ponce ingresó al Reclusorio Norte el 22 de agosto de 2011, durante los 31 meses que duró su encarcelamiento el ex funcionario fue canalizado al dormitorio 2.
En su momento, la Procuraduría General de Justicia del DF lo acusó del delito de fraude genérico luego de ser sorprendido jugando en Las Vegas en medio del escándalo de corrupción ventilado por el empresario argentino Carlos Ahumada.
En su carácter de tesorero presuntamente ordenó a sus subordinados agilizar pagos que beneficiaban al inversionista por obras contratadas en la delegación Gustavo A. Madero, con un monto total de 31 millones de pesos.
Luego del escándalo en los medios de comunicación, López Obrador anunció su destitución como secretario de Finanzas y el 8 de marzo fue acusado de fraude genérico, enriquecimiento ilícito y peculado, librándose una orden de aprehensión en su contra.
Sin embargo, Ponce huyó de la acción de la justicia y quedó en calidad de prófugo durante meses hasta que fue detenido en Morelos en octubre de 2004 y trasladado al penal federal donde permaneció siete años.
Transcurrido el tiempo y una vez que estaba fuera de prisión, la PGJDF hizo efectiva una orden de aprehensión librada por un juez penal del fuero común, por lo que nuevamente ingresó a un penal. Esta vez al Reclusorio Norte.
De estos hechos, López Obrador se desligó, mientras que Ahumada también ingresó a prisión. Lo hizo al Reclusorio Norte donde cotidianamente lo visitaba su familia y la ahora secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal, Rosario Robles.
El argentino enfermó y apenas obtuvo su libertad regresó a su país, pero hace unos días salió a exigir la devolución de su dinero.
LLAMADA TELEFÓNICA
Ponce quedó libre por falta de pruebas, ya que un tribunal federal consideró que la acusación de fraude que le fincó la procuraduría capitalina se sustentó, principalmente, en una llamada telefónica.
A través de dicho telefonema supuestamente el ex tesorero ordenó pagos con recursos públicos a Grupo Quart por obras de reencarpetamiento de la cinta asfáltica que nunca se realizaron.
El Consejo de la Judicatura federal informó que el cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito otorgó, en sesión plenaria del 13 de marzo, el amparo “liso y llano” al ex tesorero del gobierno capitalino, dentro del expediente 250/2013.
Los magistrados concluyeron que los elementos de prueba que tomó en consideración el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para emitir la sentencia condenatoria contra Ponce por fraude, resultaron insuficientes para demostrar su plena responsabilidad en este delito.
Dichas evidencias consistieron “en haber realizado una llamada a subordinados para que dieran prioridad al pago de cuentas por liquidar certificadas de la delegación Gustavo A. Madero, relativas a servicios que no fueron contratados ni recibidos por la mencionada delegación, instrucción que finalmente no fue acatada”.
Sin embargo, para el tribunal estas pruebas no constituyeron “una aportación necesaria para la comisión del delito, de manera que pudiera afirmarse, sin lugar a duda, la plena responsabilidad penal del quejoso como coautor o incluso como auxiliador”.
APOSTANDO EN EL BELLAGIO
Gustavo Ponce fue grabado mientras apostaba en una mesa de juego en el casino Bellagio, en Las Vegas, Nevada.
El 8 de marzo la PGJDF lo acusó de fraude genérico, enriquecimiento ilícito y peculado, por lo que el juzgado 11 penal del Reclusorio Norte libró orden de aprehensión en su contra.
En octubre de 2004 fue detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigación en Tepoztlán, Morelos, y el 13 de abril de 2009 el juez primero de distrito en materia penal del Estado de México lo sentenció a 8 años.
Estuvo preso en el penal federal del Altiplano acusado de lavado de dinero, pero obtuvo anticipadamente su libertad, cuando, por unanimidad, los magistrados del Cuarto Tribunal Unitario Penal del Estado de México otorgaron un amparo al ex funcionario, con lo que se canceló la condena de 8 años 16 días de prisión y una multa de 66 mil 938 pesos, de acuerdo con el fallo del expediente 252/2010
No obstante, en agosto de 2011 la procuraduría capitalina lo reaprendió por el delito de fraude genérico y lo envió al Reclusorio Norte, donde estuvo hasta este viernes.
