Luego que Oaxaca no cumplió con el ordenamiento jurídico dispuesto en el decreto de la reforma constitucional en materia educativa, al no armonizar sus leyes con la normatividad federal debido a la presión que ejerció la sección 22 adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE),podría caer en desacato.
Al respecto, el especialista en temas educativos, Samael Hernández Ruiz, detalló que de no lograrse un acuerdo entre las autoridades locales y la gremial magisterial para la creación de una nueva ley educativa, el gobierno del estado podría entrar en desacato al cumplimiento de lo establecido a nivel federal, lo que podría derivar en una controversia constitucional en la que se exija al congreso local la armonización de la ley.
Incluso, recordó, ya fue aprobada en la mayoría de los estados, entre ellos Michoacán y Guerrero, que comparten la férrea lucha contra la reforma educativa con Oaxaca.
Asimismo, Hernández Ruiz detalló que la falta de armonización en la ley educativa es parte de una decisión política mal planteada por el gobierno local en la que se arriesga demasiado, por no perder a sus grandes aliados para los próximos procesos electorales federales en la entidad.
“Los riesgos son altos, por una parte el gobierno local tendría que plantearse la intención de salirse del pacto federal y arriesgarse a un juicio político; o alinearse a lo que dice la Constitución y echarse encima por supuesto a la gremial con más poder en la entidad” dijo.
Asimismo el especialista en materia educativa consideró que las autoridades locales han mostrado una falta de oficio, así como evidencian lo ambiguo de su actuar, ya que por un lado promueven la consulta hacia los sectores educativos para la elaboración de una ley estatal y por otro declaran que todo será en el marco de lo estipulado en la Constitución Política, situación que se ve de difícil solución.
Hernández Ruiz detalló que las sanciones por lo anterior pudieran ser de carácter económico, sin embargo éstas no se verían de forma inmediata, ya que la Secretaria de Educación Pública (SEP) ha declarado que será hasta el próximo año cuando entre en vigor todo lo estipulado en la reforma.
En el 2015 todo puede cambiar, ya que la Federación contará con la nómina de los docentes de todos los estados de la República y podría sancionar incluso a quienes no participaron en el censo realizado por el Inegi.
El secretario de organización de la sección 22, Francisco Villalobos Ricárdez indicó que son los gobiernos estatal y federal, los que deben garantizar el derecho universal a ingresar al sistema educativo nacional, la permanencia y conclusión de los estudios, así como tomar en cuenta las características particulares en cada una de las entidades, derivadas de las condiciones orográficas, étnicas, sociales, políticas y económicas, razón por la que dijo no pararán de impulsar su Plan para la Transformación Educativa en Oaxaca (PTEO),en lugar de una Reforma Educativa que nunca partió de una consulta de quienes forman parte del sector y que más bien regula el ámbito laboral.
Villalobos Ricárdez dijo que la sección 22 se mantendrá en la lucha por concretar la construcción de una ley que vaya más allá del posicionamiento político, razón por la que las acciones de manifestación seguirán.
