El Gobernador Gabino Cué Monteagudo puso en operación el Tribunal de Fiscalización del Poder Judicial del Estado, con lo cual, el Gobierno de Oaxaca honra su compromiso con la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Luego de atestiguar la toma de protesta a los magistrados que integran el Tribunal de Fiscalización por parte del encargado de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho Sánchez, el Jefe del Poder Ejecutivo precisó que este órgano colegiado cuenta con profesionales del derecho de gran probidad y trayectoria, para resolver las controversias suscitadas por las resoluciones de la Auditaría Superior del Estado, así como las derivadas del procedimiento de revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales.
“El nuevo y moderno órgano del Poder Judicial, surge como consecuencia de la Reforma Constitucional que impulsamos los tres Poderes del Estado en el ejercicio 2011, y que dio cauce a la integración de este Tribunal, que constituye la máxima autoridad del estado en materia de fiscalización y rendición de cuentas”, sostuvo Cué Monteagudo.
Manifestó que a través de la actuación del Tribunal de Fiscalización –ubicado en el edificio Las Canteras, en Santa María Ixcotel– todos los actos y resoluciones de la Auditoría Superior del Estado están sujetos a los principios de constitucionalidad y de legalidad, fortaleciendo con ello la vigencia del Estado de Derecho en la entidad.
Se trata –dijo– de una muy relevante instancia jurisdiccional, cuya labor resulta determinante para garantizar la justicia plena, y que la rendición de cuentas se consolide como una herramienta efectiva para prevenir y combatir la corrupción, de ahí la enorme relevancia de brindar a este Tribunal de Fiscalización, un espacio adecuado para que la realización de sus funciones se lleve a cabo en un entorno laboral funcional, seguro y digno.
En la Sesión de Pleno se eligió al magistrado Tomás Quiroz Robles, como presidente del Tribunal de Fiscalización del Poder Judicial del Estado, el cual está integrado por los magistrados propietarios, María Elena Villa Carrillo y Julián Hernández Carrillo, así como por los magistrados suplentes, Adrián Quiroga Avendaño, María Mayela García Maldonado y Frida Jiménez Valencia.
Con lo anterior, el Gobierno de Oaxaca refrenda el compromiso con la legalidad, generando mayores condiciones de confianza y certeza jurídica en la ciudadanía, brindando prioridad a la cultura de la justicia y legalidad, como sustento de la vida democrática en el estado, “sentando así las bases de un Oaxaca más justo, más próspero y con mayores oportunidades de desarrollo para todos”, agregó el Gobernador Gabino Cué.
En este sentido, detalló que con la misma convicción, su administración avanza en la implementación del nuevo sistema de juicios orales en la entidad, buscando contribuir a crear en Oaxaca un cambio de paradigmas en la impartición y procuración de la justicia, y con ello, dando cauce a los reclamos sociales y a los postulados propios de un estado democrático.
En los tiempos de transición democrática que abrazan a Oaxaca –añadió el mandatario– el Gobierno del Estado honra al Benemérito de las Américas, ciñendo el ejercicio del poder público al Estado de Derecho y cumpliendo su mandato. “El destino de Oaxaca es la Ley y la justicia; nunca más la impunidad ni la regresión al autoritarismo”, abundó.
Finalmente, exhortó a los integrantes del Tribunal de Fiscalización del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, a continuar con su labor en beneficio de las y los oaxaqueños, con el alto sentido de ética y vocación de servicio que les distingue.
En tanto, el encargado de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho Sánchez, reconoció que la instalación del Tribunal de Fiscalización, es el resultado de la Reformas Constituciones que impulsó el Gobernador Gabino Cué al inicio de su administración, para un quehacer público democrático y transparente, además que constituye la voluntad inequívoca de los tres niveles del Estado para traducir las exigencias sociales en garantías realizables y evitar la arbitrariedad en el ejercicio del gasto público.
