Al dar inicio el debate sobre el planteamiento del PRD de llevar a consulta la reforma energética, los ministros de la SCJN mostraron opiniones divididas sobre la viabilidad de esta petición.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el debate sobre el recurso que presentaron senadores del PRD, referente a la consulta popular en materia energética.
En la sesión de este martes, cuatro de 11 ministros se pronunciaron por desechar la solicitud y tres se manifestaron a favor de darle trámite. El resto de los ministros fijarán posturas en la sesión del próximo jueves.
Los ministros Alberto Pérez Dayán, Sergio Valls Hernández, Mario Pardo Rebolledo y Beatriz Luna Ramos privilegiaron el cumplimiento estricto de las formas, los procedimientos, la reglamentación y los requisitos, por lo que plantearon desechar la petición.
En su opinión, los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no tienen la legitimidad para solicitar a la Suprema Corte de Justicia que se pronuncie, ni es el momento oportuno para ello.
A su vez, los magistrados Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero destacaron la necesidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos y sugirieron alternativas para cumplir con los procedimientos.
Pérez Dayán sostuvo que al momento en que se presentó la solicitud a la Corte, el procedimiento para realizar la consulta no estaba regulado porque el Congreso no había emitido aún la ley secundaria de la reforma constitucional que la hiciera posible.
Al respecto, Cossío Díaz recordó que en cualquier Estado constitucional moderno la Constitución se puede aplicar de manera directa sin tener que esperar una reglamentación secundaria para ejercer los derechos que ahí mismo se consagran.
En tanto, Alfredo Gutiérrez Ortiz presentó un detallado estudio para demostrar que por cuestiones formales no es posible quitar a los ciudadanos un derecho ya reconocido en la Constitución, ni privarlos de la prerrogativa de impulsar un derecho.
La ministra Olga Sánchez Cordero hizo notar que se llegó a este extremo por la omisión legislativa de cumplir con el mandato que los propios legisladores se habían dado de emitir en el plazo de un año la ley reglamentaria, y al no hacerlo los ciudadanos están legitimados para actuar, a fin de no trastocar a la Constitución.
En su turno, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo concedió que no se necesita ley secundaria para ejercer un derecho constitucional, pero insistió en que los senadores perredistas, al actuar como ciudadanos, no están legitimados para hacer la solicitud y Margarita Luna Ramos coincidió con él.
El asunto se retomará en la sesión del pleno el jueves, cuando se espera que los otros ministros expongan sus posturas y se vote la procedencia o no de la solicitud.
En caso de que sea desechada los interesados podrán volver a pedir la realización de una consulta, ya con la nueva ley reglamentaria y las firmas que han recolectado hasta el momento.
