El juez Cuarto de lo Penal, Armando Lustre Núñez, aceptó que a través de una afianzadora se cubrió los cinco millones de pesos de la fianza fijada a los 13 implicados por los disturbios reportados el pasado fin de semana, -donde se encontraban 10 estudiantes normalistas-, que están acusados por el delito de daño por incendio.
El juez, solo confirmó que los indiciados saldría bajo libertad caucional del penal de Santa María Ixcotel esta misma noche, luego de que su defensa notificó del depósito del pago de la fianza fijada,- que era para cada uno de los indiciados de 412 mil pesos-.
Se dio a conocer que el recurso se depositó al fondo de justicia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), mediante una trasferencia bancaria realizada por una afianzadora, cuya razón social no se dio a conocer.
De acuerdo a la resolución dictada en el expediente 49/2014, los implicados tuvieron que pagar los daños cometidos por la destrucción y quema de vehículos para obtener su libertad caucional.
En el Código Penal vigente en el estado, el delito de daño por incendio tiene una penalidad de seis a 12 años de prisión, por lo que aún en libertad los implicados tendrán que presentarse a firmar ante el juzgado, hasta demostrar su inocencia.
De acuerdo al expediente 249/2014, cada uno de implicados en los disturbios, entre ellos 10 normalistas tuvieron que cubrir 412 mil pesos de fianza, -22 mil 319 pesos corresponde a la multa, 40 mil pesos al cumplimiento de obligaciones y 350 mil pesos se aplican por la reparación del daño-
Se notificó que la misma afianzadora pago también la fianza de los tres supuestos infiltrados, quienes son empleados en el cubículo del diputado local priista Fredy Gil Pineda.
En tanto, Norma Cruz, representante del Valle Central de la Sección 22 de la CNTE, aceptó que es la comisión política de la gremial fue quien asumió la defensa de menos los 10 normalistas implicados, y fue quien gestiono el pago de la fianza para que lograran su libertad caucional.
El gobernador del estado, Gabino Cué, precisó que nadie torcerá, ni negociara la ley, dejando claro que volverá a ejercer el uso de la fuerza cuando se vuelva a trastocar el Estado de derecho. Advirtió que no permitirá ningún acto vandálico más por parte de los normalistas.
Dijo que los estudiantes rebasaron la línea de la tolerancia y la prudencia. Ante ello, el Gobierno de Oaxaca está obligado a salvaguardar el Estado de derecho y la integridad física de la sociedad.
Cué dejo claro que respeta la libertad de expresión y de manifestación, sin embargo, manifestó que su Gobierno actuará con toda firmeza cuando se ponga en riesgo la gobernabilidad y la integridad física de las personas.
Dejo claro que hasta ahora no hay una respuesta para otorgar plazas automáticas a los normalistas, tendrán que atenerse a la ley y a la constitución, y sus plazas solas la obtendrán si pasan un examen de evaluación.
Dijo que la propia sección 22 de la CNTE se ha ofrecido de puente para dar cauce a las demandas de los estudiantes, y dijo que se trabaja en una propuesta para ofrecer un curso de actualización a los inconformes para que puedan presentar su examen.
De la misma manera dijo “trabajamos con el magisterio en la construcción de una nueva ley educativa que armonice las particularidades de los procesos de aprendizaje de Oaxaca con el mandato de la Constitución General de la República y la reforma federal.
El pasado viernes 21 de marzo, estudiantes de la 11 normales regionales del estado e integrantes de la coordinadora de normalistas quemaron llantas y una de las 38 unidades que mantiene retenidas desde hace cinco semanas, frente a la sede del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).Insistían en que el gobierno de Gabino Cué les otorgue las 750 plazas para maestros automáticas y becas.
Cuando prendieron fuego a la unidad de la empresa Pepsi el cuerpo de antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública arribó al lugar y lanzó chorros de agua logrando disuadir a los manifestantes. Los uniformados solo portaban cascos y escudos.
Así recuperaron las 37 unidades que mantenían en su poder los estudiantes y que amagaban con quemar.
El gobierno del estado reportó que luego del desalojo y apertura de calles aseguraron 59 bombas molotov y 137 cohetones y se detuvo a 162 personas, de las cuales 149 fueron puestas en libertad por falta de pruebas.
En tanto el Procurador de Justicia Héctor Joaquín Carrillo, aceptó que aún existen denuncias penales pendiente de ejecutar en contra de los normalistas más que están en fase de integración por la destrucción de las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el saqueo a la plaza comercial Oaxaca, la toma de la terminal de autobuses de primera clase y el secuestro y retención de 20 unidades de transporte diversas.
