La prensa mexicana vive bajo una censura indirecta ejercida por los Gobiernos federaly estatales, a través de la asignación de la publicidad oficial: mientras a los medios críticos se les castiga retirándoles el pago de anuncios, una cobertura favorable se recompensa con compra de espacios, lo que afecta directamente en el papel que deben jugar en la democracia, advierte la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias(WAN-IFRA, por sus siglas en inglés).
El informe “La Compra de la Obediencia: Publicidad Gubernamental y Censura Indirecta en México (Buying Compliance: Governmental Advertising and Soft Censorship in Mexico)” fue elaborado por la asociación internacional, en colaboración con las organizaciones nacionales Fundar y Artículo 19.
Las conclusiones son poco alentadoras:aunque el sistema de censura que existió durante el primer régimen del PRI quedó atrás, aún persisten algunos remanentes como es el uso de la publicidad oficial para ejercer presión sobre los medios de comunicación. Sin embargo, el informe plantea que esta censura indirecta ha sustituido a las denuncias o encarcelamientos contra periodistas.
“(La censura indirecta) afecta negativamente la calidad de los medios de comunicación, limitan la libertad de expresión, viola el derecho a la información pública y sofoca el debate público que es esencial para la democracia”, concluye la investigación.
Y los responsable de esto, señala WAN-IFRA,son tanto líderes políticos mexicanos como los dueños y directivos de medios de comunicación.
“Los líderes políticos del país y los propietarios de medios de comunicación deben hacerse responsables de tales abusos. Hasta que se cambien estas prácticas, la mayoría de los medios de comunicación mexicanos seguirán siendo instrumentos de políticos e intereses especiales, en lugar de un organismo de control independiente y una plataforma para el debate democrático”, plantea el estudio.
Vicente Pereygne, director de la asociación, advierte sobre esta mordaza: “Aunque menos visible que la terrible violencia contra periodistas en México, la censura indirecta es muy insidiosa y debe ser reconocido por la seria amenaza que supone para la independencia de los medios y la libertad de prensa, en México y en todo el mundo. A diferencia de los ataques directos a la libertad de prensa, la censura indirecta es mucho más sutil y rara vez genera niveles similares de la indignación internacional”.
Una de las principales críticas es que durante años México no ha tenido reglas claras y precisas sobre la asignación de publicidad oficial a los medios de comunicación, lo que genera que los Gobiernos ejerzan presión en la línea editorial de la prensa.
Ante esto, se aboga porque finalmente el Congreso de la Unión impulse una Ley sobre publicidad oficial, la cual es una de las Leyes secundarias que quedaron pendientes tras la aprobación de la reforma política-electoral constitucional, y cuyo plazo de vence el próximo 30 de abril.
El próximo martes 1 de abril, Fundar y Artículo 19 presentarán la tercera edición del “Índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas”.La cita será en el Instituto Goethe, en Tonalá 43, Colonia Roma, a las 11 de la mañana.
Apenas ayer, Animal Político dio a conocer que el Gobierno federal gastó al menos 215 millones de pesos en la difusión del Primer Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, a través de 470 contratos con medios durante 13 días de campaña. Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible conocer la cifra total porque no es público cuales dependencias federales aportaron recursos.
Por su parte, Artículo 19 y Fundar han documentado que durante el primer semestre de 2013, es decir, el primer semestre de Peña Nieto en el Gobierno, se usaron al menos 700 millones de pesos en publicidad oficial sin reglas claras para su asignación.
Este es el tercer informe en su tipo que elabora WAN-IFRA. Los primeros dos fueron sobre las condiciones de censura en Hungría y Serbia, publicados en enero pasado.
