El PRI y PAN presentarán en la sesión de este día en el Senado sus iniciativas de ley electoral, como parte de las normas que reglamentarán la reforma política aprobada el año pasado.
La iniciativa del PRI y el Partido Verde crea un órgano de fiscalización, establece seis delitos electorales, contiene las reglas sobre propaganda electoral, y regula las coaliciones, fusiones y pérdida de registro.
Plantea que la ley de orden público y de observancia general en territorio nacional establece disposiciones aplicables y distribuye competencia entre la federación y entidades federativas en materia de partidos políticos nacionales y locales, órganos electorales, procesos electorales y delitos electorales.
Resalta que se faculta al Instituto Nacional Electoral y a los organismos locales en el ámbito de su competencia para que dispongan lo necesario en cuanto a contenido y alcance de la ley para asegurar el cumplimiento.
En materia de partidos políticos nacionales y locales se plantea que la ley general establezca los requisitos mínimos para constituir un partido, sus derechos y obligaciones; establece las reglas para la coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos públicos que realicen los órganos o dependencias, las entidades federativas o los municipios durante cualquier proceso electoral. En el caso de los partidos políticos establece la creación de un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información.
En el caso de las candidaturas independientes se garantiza el acceso a las prerrogativas para las campañas electorales, asimismo se incluyen los tiempos destinados a partidos políticos en los procesos electorales y su distribución en las elecciones federales y locales y se prohíbe la contratación de tiempos distintos o por terceros, así como desarrollar campañas calumniosas.
Se refiere la iniciativa que ésta incluye modalidades del financiamiento privado de los partidos políticos, y crea una comisión de fiscalización integrada por cinco consejeros electorales que serán los responsables de la fiscalización.
Con lo que respecta a delitos electorales se establecen seis tipos penales: los que pueden cometer cualquier persona; los que pueden cometer los ministros de culto; los que pueden cometer los funcionarios electorales; los que pueden cometer los funcionarios partidistas y candidatos; los que pueden cometer los servidero públicos y los que pueden cometer contra el Registro Federal de Electores.
Se establece, asimismo, que los procesos federales electorales y locales del 2015 iniciarán en la primera semana de octubre del presente año y que las elecciones ordinarias federales y locales del año de 2018 se llevarán a cabo el primer domingo de julio.
La iniciativa del blanquiazul plantea que el Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales (Cofipe) se transforme en una ley general.
El senador Juan Carlos Romero Hicks aseguró que la adecuación del Cofipe no es menor, pues la propuesta panista incluye las reglas que definirán la relación entre el Instituto Nacional de Elecciones (INE) –que organizará más de 3 mil 500 comicios– y los organismos electorales estatales; nuevos procedimientos de fiscalización y para organizar el servicio profesional electoral; lineamientos para las candidaturas independientes, y establece el voto cibernético para los mexicanos en el extranjero.
También se prevén mejores normas para la realización de los debates y mecanismos para que el INE y el tribunal electoral resuelvan los procedimientos sancionadores.
Jorge Luis Preciado, coordinador de los senadores del blanquiazul, puntualizó que presentarán esta iniciativa, con el fin de que la reforma constitucional se vea reflejada en las leyes secundarias; mientras que su homólogo en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, resaltó que el propósito de la propuesta es consolidar al INE. Uno de sus beneficios es que permitirá al instituto credencializar fuera del territorio nacional.
Lo anterior se dio a conocer en conferencia de prensa, donde la dirigente nacional del PAN, Cecilia Romero, descartó que haya desavenencias entre ella y los coordinadores parlamentarios en el Senado, Jorge Luis Preciado, y en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villareal, por la ley secundaria en materia de telecomunicaciones.
“No estamos enojados”, dijo en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por ambos legisladores, y quienes en la víspera descalificaron la oposición de la presidenta en contra de la iniciativa presentada por el ejecutivo.
Romero Castillo declinó hacer mayores comentarios sobre el diferendo que mantiene con sus correligionarios en torno a la ley en telecomunicaciones y aseguró que por la tarde, emitiría un comunicado sobre el tema.
