En una decisión muy dividida, los magistrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos han acordado este miércoles anular los límites máximos que la ley federal impone a la suma de todas contribuciones económicas que un solo donante puede destinar a candidatos y partidos políticos.
El fallo, adoptado a las puertas de nuevos comicios legislativos con el apoyo de todos los jueces conservadores (cinco) y el rechazo de los progresistas (cuatro), deroga uno de los pilares básicos de la legislación sobre la financiación electoral de este país, favoreciendo la expansión de la presencia y el dominio del dinero en la actividad política.
La resolución evidencia la divergencia que suscita la regulación de la financiación electoral en EE UU entre quienes consideran que las barreras contributivas restringen el derecho a la libertad de expresión consignado en la Primera Enmienda -el argumento que se ha impuesto en la sala y que esgrime el Partido Republicano-, y quienes sostienen que esos topes atemperan la influencia de los más acaudalados en los designios de la política y frenan la corrupción -tal y como ha defendido el Partido Demócrata con el presidente Barack Obama a la cabeza y se recoge en el voto particular de los miembros del Tribunal-.
La resolución evidencia la divergencia que suscita la regulación de la financiación electoral entre quienes consideran que las barreras contributivas restringen el derecho a la libertad de expresión y quienes sostienen que esos topes atemperan la influencia de los más acaudalados en los designios de la política y frenan la corrupción
La ley federal fija en 123.200 dólares la cantidad máxima que un particular puede donar durante dos años a candidatos, partidos y comités de acción política (PAC) -48.600 a los aspirantes y 74.600 a formaciones políticas-. La norma se dictó en 1974 –fue revisada en 2002- para impedir una posible compra de votos por parte de los donantes más ricos y restaurar la confianza en el sistema, minada tras el escándalo del Watergate. Para la opinión mayoritaria del Supremo, esos límites no solo no disuaden de la corrupción sino que “impiden sin justificación que los ciudadanos puedan ejercitar la actividad más importante que garantiza la Primera Enmienda […] la de participar en la elección de nuestros líderes políticos”. La sentencia del Supremo deroga esos máximos pero deja intacto el de 2.600 dólares que puede recibir un solo candidato a un cargo federal por cada contribuyente particular.
El juez Stephen Breyer ha leído la opinión de los magistrados disidentes en la que se denuncia que la sentencia de este miércoles “subestima la importancia de proteger la integridad política” que debe presidir las instituciones gubernativas y no distingue entre “la influencia de la opinión pública y la que impone el dinero por sí mismo”. “Deroga un precedente esencial que abre el camino a enormes lagunas en la ley y que mina, incluso devasta, lo que queda de la legislación que regula las campañas electorales”, advierte Breyer en su voto particular.
La sentencia de este miércoles sigue la pauta de otras que en materia de financiación electoral ha dictado este tribunal, entre ellas, la polémica decisión de 2010 que eliminó los límites de los fondos que las corporaciones y sindicatos podían aportar a las campañas electorales, una resolución que dio pie a los llamados súper PAC y que ha criticado duramente el propio presidente estadounidense. En su voto particular, Breyer ha relacionado ambos fallos. “Si con el caso Citizen United esta corte abrió una puerta, con la decisión de hoy se podría abrir una exclusa”, se advierte.
Obama aseguró que si esos límites se anulaban significaría que “todo vale, que no hay normas que regulen cómo se financian las campañas”
La Casa Blanca ha manifestado su “decepción” por un fallo que se considera una victoria para los grandes donantes y que puede alterar, como ya sucedió tras la eclosión de los súper PAC de la mano de la citada resolcuión del Supremo de 2010, el panorama electoral en los comicios de 2014, al permitir a los contribuyentes aportar fondos sin límites -salvo el tope de 2.600 dólares- a todos los candidatos y formaciones que deseen.
La resolución también favorecerá que los líderes de los partidos puedan tener un mayor control sobre las aportaciones dinerarias al tener vía libre para pedir a sus mecenas políticos sumas que ellos podrían destinar a los candidatos que crean conveniente. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, ha recibido con satisfacción la decisión del alto tribunal. “Si hasta ahora teníamos la libertad de escribir lo que queríamos, ahora los donantes también tienen la libertad del dar el dinero a quien deseen”. En octubre del año pasado, cuando se estaba debatiendo el caso ante el Supremo, Obama aseguró que si esos límites se anulaban significaría que “todo vale, que no hay normas que regulen cómo se financian las campañas”.
El fallo responde a una demanda presentada por un Shaun McCutcheon, un empresario y donante republicano de Alabama, en la que cuestionaba la constitucionalidad de los límites a la suma de contribuciones.
