Desde cualquier ámbito, se entienden las diferencias, inconformidades y disenso de las diversas organizaciones sociales y políticas, sin embargo, por ningún motivo, Oaxaca debe ser presa del chantaje de una minoría. Ante todo, debemos garantizar el bienestar de las y los oaxaqueños que día a día se esfuerzan para salir adelante.
Así lo afirmó el diputado de la fracción parlamentaria del PRI en la LXII Legislatura estatal, Amando Bohórquez Reyes, quien con el propósito de proteger y garantizar la libre manifestación de ideas y salvaguardar los derechos humanos como el libre tránsito, propuso una iniciativa para crear la Ley para la Regularización de Manifestaciones Públicas y Protección de los Derechos Humanos de los Ciudadanos en el Estado de Oaxaca, misma que fue turnada a las comisiones unidas de Movimientos Sociales y de Administración de Justica.
Desde la tribuna, el legislador señaló que la fracción del PRI, como una oposición responsable, ha construido acuerdos para garantizar estos derechos, por ello resaltó que quien bloquea una calle, bloquea el progreso, el desarrollo y la paz social que Oaxaca necesita y que el gobierno actual prometió desde su campaña.
“¡10 millones de pesos! es el costo de tan solo una hora de marchas o bloqueos en la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados y si tomamos en cuenta que en promedio una movilización es de por lo menos cuatro horas, se traduce en pérdidas de hasta 40 millones de pesos por día, solamente en comercio establecido, según lo manifiesta el CIDE.
“Aún más grave es cuando se extienden las manifestaciones a tal grado de bloquear las entradas a la ciudad y obstaculizan varias avenidas, las perdidas llegan a ser de hasta 300 millones de pesos, dañan propiedades públicas y privadas, además de alterar el orden público, inhibiendo la inversión y afectado severamente al sector turístico”.
Comentó que la regulación de las marchas serviría como un instrumento de protección a los propios marchistas, porque la policía podría montar operativos que sirvieran para proteger a los manifestantes, de tal forma que no se pudieran filtrar revendedores o provocadores en las marchas.
“La presencia policiaca podría servir también como un elemento disuasorio frente a la posible comisión de actos vandálicos por parte de los manifestantes. Las marchas pueden y deben ser reguladas, como ha sucedido en países con sistemas democráticos consolidados”, finalizó.
