La falta de legislación secundaria obligó al Instituto Nacional Electoral (INE) a mantener en sus cargos a los consejeros locales en todos los estados del país.
“El ejercicio de las atribuciones otorgadas al Instituto Nacional Electoral en la reforma constitucional, se encuentra condicionado hasta que entren en vigor las disposiciones que establezcan el nuevo procedimiento que deberá observar dicho órgano, los actuales consejeros deberán permanecer en el cargo”, dice un documento que discutirá el Consejo General.
El texto es también una respuesta a la solicitud que hizo Alberto Alonso Criollo, presidente del Instituto Electoral de Oaxaca, con miras a la preparación de los comicios intermedios de 2015.
Sin embargo, algunos consejeros han cuestionado la propuesta, pues consideran que sobre la permanencia de los consejeros locales se debe analizar caso por caso, dado que su actuación motivó la reforma constitucional.
El documento, elaborado por la Secretaría Ejecutiva, señala que, en tanto el Congreso no apruebe el nuevo marco normativo, los organismos electorales siguen integrados por los consejeros que estaban en funciones cuando se aprobó la reforma constitucional en materia político-electoral.
El argumento que sostiene el proyecto es que el transitorio noveno establece que los consejeros permanecerán en sus cargos hasta en tanto no se realicen las designaciones correspondientes.
Incluso menciona una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les permite permanecer hasta que el INE designe a nuevos consejeros.
Con ello, indica, se busca preservar el principio de certeza que debe imperar en la actuación de toda autoridad electoral.
Otro de los puntos de discusión es que, de permanecer en su encargo, tendrán las mismas atribuciones que les confieren las legislaciones estatales vigentes y, por tanto, sí podrán emprender acciones sobre la organización de los próximos comicios.
A pesar de la oposición de las autoridades electorales locales, la reforma otorgó al INE el control de los comicios en las entidades federativas, aunque la ley secundaria que se discutirá en el Senado debe delimitar dicha facultad.