El gobierno federal interpuso controversias constitucionales contra las leyes educativas de los estados de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Sonora, al considerar que éstas son contrarias a la reforma constitucional en la materia promulgada en febrero de 2013.
La reforma obligó a las entidades a ajustar sus normas a los cambios a la Constitución, entre los que se incluyó que los profesores deberán ser evaluados para obtener una plaza y examinados periódicamente para mantenerse en el cargo.
Para el gobierno federal, sin embargo, los cuatro estados impugnados incumplieron con esa tarea, por lo que el presidente Enrique Peña Nieto decidió llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que ésta los obligue a armonizar sus leyes con la reforma constitucional.
“El Gobierno de la República refrenda su firme convicción de hacer efectivo el mandato del Congreso de la Unión”, dijo este martes en conferencia de prensa Eduardo Sánchez, vocero de la administración federal.
El portavoz señaló que la controversia constitucional contra Oaxaca se deriva de que el estado no ha modificado su legislación en la materia, como debía haberlo hecho a más tardar el 12 de marzo pasado.
Oaxaca es una de las entidades donde los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han ofrecido mayor resistencia a la reforma educativa y exigido al gobernador Gabino Cué que no cambie la ley local.
La CNTE es la organización gremial disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y también tiene fuerte presencia en Chiapas, Guerrero, Distrito Federal, Michoacán y Veracruz.
En los casos de Chiapas, Michoacán y Sonora, que sí modificaron sus leyes, el gobierno federal decidió acudir a la SCJN porque considera que estas normas “invaden” atribuciones que corresponden a las autoridades federales, dijo el consejero jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos.
A manera de ejemplo, el funcionario mencionó que las legislaciones impugnadas permiten que un docente conserve su plaza aunque repruebe las evaluaciones de desempeño o dan a los estados la facultad de definir los estándares de evaluación.
“Se interpondrán todas las controversias constitucionales que sean necesarias”, advirtió Castillejos, al explicar que el gobierno federal aún está analizando las leyes educativas del resto de las entidades.
La SCJN, máximo tribunal de México, no tiene un plazo límite para resolver cada caso. Si falla a favor del gobierno federal, los estados se verían obligados a modificar sus leyes, y si opta por respaldarlos, podrían dejarlas como están actualmente.
La reforma educativa fue la primera gran propuesta que Peña Nieto presentó al Congreso, apenas 10 días después de haber asumido la Presidencia en diciembre de 2012. El documento quedó aprobado ese mismo mes con el apoyo de los principales partidos, en el marco del Pacto por México, y se promulgó semanas más tarde.
