En 1990, del total de las muertes maternas (MM) en México, 55% se concentraban en zonas rurales e indígenas. Actualmente, 24 años después, 33.4% de estos decesos aún se focalizan en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes y en zonas rurales.
Pese a que en estas dos décadas se pusieron en acción al menos diez estrategias nacionales, un programa federal y se contó con un marco de acción internacional para lograr la reducción de muertes maternas como una de las metas del Milenio, las mujeres de zonas rurales siguen siendo discriminadas en los servicios de salud, violentadas por el personal sanitario y con poco acceso a servicios adecuados.
Durante los años 90, María del Carmen Elú Cayado, doctora en Antropología Social y fundadora de la Red por la Salud de las Mujeres en Latinoamérica, y la directora de la Iniciativa de Salud de la Mujer en la Universidad de Harvard, Ana Langer, documentaron las causas por las que las mujeres morían durante el embarazo, el parto o el puerperio, es decir, 40 días posteriores al parto.
Las expertas denunciaron que estas muertes no eran “normales” y en sus hallazgos destacaron que durante la década de los 80 y principios de los 90, de las MM 55% se concentraban en sectores rurales, mientras que el riesgo de morir por una causa materna en estas zonas era dos veces mayor que en el medio urbano.
Desde entonces figuraban como “focos rojos” –por concentrar el mayor número de defunciones y mayor rezago en atención en salud– los estados de Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Puebla y Veracruz, entidades con gran proporción de población indígena.
La falta de disponibilidad de unidades de salud en el medio rural y las barreras geográficas y económicas eran señaladas como los principales impedimentos para acceder a los servicios, según el texto del doctor Rafael Lozano, del Instituto Nacional de Salud Pública, en el texto “Maternidad sin riesgo en México”, divulgada en 1993.
En “Maternidad sin riesgos en Oaxaca”, publicado en 1996 y en el que participó Rebecca Ratcliff, asesora del Programa de Salud de la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca, mujeres indígenas fueron entrevistadas y aseguraron que preferirían morir en su casa que ir a ver a un médico debido a que se enfrentaban a numerosos obstáculos culturales “generalmente cubiertos de ignorancia” por parte del personal sanitario.
“Hay un doctor pero nunca está”, “hay doctor pero no está la medicina”, “hay un doctor pero da consulta en las mañanas”, “a veces tenemos que ponernos a trapear antes de que nos den la consulta”, son algunos de los testimonios que se pueden leer en el texto.
De acuerdo con las especialistas, esos obstáculos surgían por la atención “malintencionada y deficiente” que brindaban las instituciones a campesinos, indígenas y a la población abierta no afiliada a una institución de salud.
A 20 años de distancia y con la puesta en marcha de programas como Arranque Parejo en la Vida o Embarazo Saludable, y el Seguro Popular –emblemas de los sexenios encabezados por el Partido Acción Nacional–, entre otras estrategias, no se han logrado transformar los servicios médicos en todo el país y se siguen repitiendo los casos de mujeres que dan a luz en condiciones inseguras o que, incluso, mueren en el parto.
De acuerdo con la Dirección General de Información en Salud, de la Secretaría de Salud federal (Ss), las cifras de mortalidad materna disminuyeron en dos décadas pero no lo suficiente para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y es que en 1990, la razón de muerte materna (RMM) –número de defunciones de mujeres por cada 100 mil nacidos vivos– era de 88.7, lo que se contabilizó en 2 mil 156 decesos.
Para 2012, la RMM fue de 42.3 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, lo que equivale a 960 decesos de mujeres, es decir la cifra de muertes por esta causa no disminuyó más de 60%.
Misma historia
Veinte años después, las historias se repiten. En enero de 2009 en el Hospital Regional de Tlaquilpa, en la zona serrana de Zongolica, Veracruz, una mujer embarazada parió en el piso de la sala de espera, asistida sólo por sus familiares, mientras el personal médico “descansaba” en otra área del edificio.
En marzo de 2011, tres embarazadas de la región de la Sierra Sur de Oaxaca murieron por falta de atención médica especializada. Los fallecimientos ocurrieron aun cuando en este lugar está el hospital público de La Paz, en la comunidad del mismo nombre.
Este año Irma, indígena mazateca, se vio obligada a parir en el patio de un hospital tras habérsele negado el servicio.
Como si fuera una tradición, los estados que registran un elevado número de población indígena y rural como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Hidalgo e incluso el Estado de México, también han figurado en estos años 20 años como las entidades con más rezagos en el combate a la MM.
Por ejemplo, de acuerdo con cifras del Sistema de Notificación Inmediata de Muertes Maternas de la Ss, para 2012 se registraron en el Estado de México 40 defunciones y la RMM fue de 36.6 fallecimientos por 100 mil niños nacidos vivos.
En ese mismo año, Hidalgo tuvo una RMM de 49.0; mientras que Chiapas registró una RMM de 58.0, en tanto que para Oaxaca fue de 79.6, promedio superior a la nacional que se ubicó en 45.6.
Hidalgo, Oaxaca y Chiapas acumularon en sólo seis meses 20 casos de mujeres indígenas o de escasos recursos a las que se les negó servicio médico y se vieron obligadas a parir en circunstancias adversas, ante el grave riesgo de que tanto ellas como sus hijos presenten alguna secuela médica.
En los últimos 23 años (1990-2013), 29 mil 869 mexicanas han muerto por complicaciones en el embarazo, parto o puerperio. Tan sólo el año pasado la cifra de defunciones fue de 925 mujeres, de acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
