Después de los golpes y los intentos de asfixia a manos de policías federales, Ricardo firmó en 2011 una declaración por la que fue hallado culpable de delincuencia organizada y por la que finalmente fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social de Occidente.
Su caso fue documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en diciembre de 2013 emitió una recomendación al Comisionado Nacional de Seguridad por la tortura y los tratos crueles de lo que fue víctima Ricardo por más de diez horas.
La violencia contra Ricardo es uno de los 7 mil 253 casos de tortura que la CNDH confirma que ocurrieron entre 2006 y 2012, cuando según el organism, hubo “un notable crecimiento de prácticas de tortura y/o tratos crueles inhumanos o degradantes” pese a que están prohibidos en la Constitución.
En ese contexto, este lunes 21 de abrilcomienza la primera visita oficial a México de Juan E. Méndez, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura; quien hasta el 2 de mayo próximo evaluará el trabajo del Estado para evitar esta práctica.
Según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que entró en vigor en 1987 y fue ratificada por México, la tortura es “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
Con base en esa definición es que organismos internacionales en defensa de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han alertado que en México el “sistema de justicia penal sigue recurriendo a la tortura como medio principal de investigación”.
En su visita a México en marzo de 2014, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, entregó al presidente Enrique Peña Nieto un documento con “los retos” del país en materia de derechos humanos e hizo énfasis en que se debe evitar que el sistema de justicia recurra a la tortura y acepte como pruebas declaraciones obtenidas bajo ésta, pues actualmente, no se garantiza “la inadmisibilidad de evidencia obtenida de manera ilegal, incluyendo la tortura”.
Así ocurrió en casos como el de Ricardo u otros como el que narra la CNDH en una recomendación de octubre de 2013 en la que describe que policías federales retuvieron por más de nueve horas a una persona en Ciudad Juárez, Chihuahua, para golpearlo y quemarle la mano con un encendedor para obligarlo a confesar que portaba una mochila con droga.
Según las cifras de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de Derechos Humanos, pese a que organizaciones civiles denuncian aumento de tortura y ésta es un delito según lo establecido en la Constitución, desde 2006 sólo 12 personas han sido consignadas.
En su informe de actividades de 2013, la CNDH reportó que al menos en cinco ocasiones se presentaron quejas en contra de la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional por tortura.
La PGR, por su parte, informó que entre febrero y julio del año pasado inició 99 indagatorias por tortura que todavía están en curso.
Juan E. Méndez, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, estará en Méxicodurante doce días en los que visitará entidades como Nuevo León, Chiapas y Baja California para visitar prisiones, estaciones policiales, centros de interrogación, de privación de libertad de menores y estaciones migratorias.
Según el comunicado que emitió la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos sobre la visita, el objetivo de ésta es evaluar el uso del arraigo en el país y la implementación del nuevo sistema de justicia penal, pero también determinar qué se hace para evitar y castigar la extracción forzada de confesiones.
