El gobierno federal determinó liberar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad de su actual régimen tributario en un periodo de 10 años para que los ingresos públicos no se deterioren y pasen a ser empresas financieramente competitivas en la producción de hidrocarburos y energía frente a empresas privadas.
“Ha llegado la hora de que la Secretaría de Hacienda saque las manos de la administración de Pemex y de la CFE”, dijo el titular de esa dependencia, Luis Videgaray Caso, al anunciar que este día fue enviada al Senado de la República la iniciativa de leyes secundarias en materia energética para que a su vez ese órgano legislativo la envíe a la Cámara de Diputados para que sea la cámara de origen.
En la presentación estuvo también el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien precisó que el paquete consta de 21 leyes, agrupadas en 9 bloques. Son, dijo, ocho leyes nuevas y 13 que sufren modificaciones.
Se trata de una modificación completa al sector energético, donde la participación privada estará abierta en todos los frentes, salvo un proceso de transición en la venta al público de gasolinas, que se hará gradualmente conforme se vaya construyendo la infraestructura y se den las condiciones efectivas de competencia.
Pemex y CFE, dijo Joaquín Coldwell, se transformarán en empresas productivas del Estado, es decir, dejarán de ser organismos públicos descentralizados aunque 100 por ciento propiedad del estado. Al respecto puntualizó que ambas empresas gozarán de autonomía presupuestal y de gestión, un régimen especial en presupuesto, deuda, contrataciones, bienes y remuneraciones, pero en particular un nuevo régimen fiscal. “El Estado participará como propietario, pero dejará de intervenir en la operación directa de las empresas”, subrayó el funcionario.
En materia fiscal, Videgaray Caso explicó que el nuevo régimen que se aplicará a las hoy paraestatales, pero en particular a Pemex, se busca una transición fiscal ordenada para evitar que los ingresos petroleros, que hoy representan alrededor del 30 por ciento del total, dañen las finanzas públicas e impidan al gobierno cumplir cabalmente con sus obligaciones, particularmente en materia de gasto social.
La nueva propuesta, explicó el titular de la Secretaría de Hacienda busca aumentar la rentabilidad financiera de Pemex suficientemente para que pueda reinvertir sus utilidades en los proyectos que considere conveniente o, incluso, reingresarlas al gobierno como pago de dividendos.
Pero sobre todo, para esa empresa en particular, dijo Videgaray Caso, la carga impositiva total que actualmente equivale a 79 por ciento, bajará a un promedio de 65 por ciento . “La magnitud de los cambios y la actual aportación de Pemex obliga y aconseja a una transición ordenada y a 10 años”, insistió.
Aseguró que al final del plazo, el régimen de Pemex será similar al que se aplique a las empresas privadas para que no compita en desigualdad frente a los privados.
