El Frente Democrático por la Libertad de Expresión y el Derecho a la Protesta Social anunció en Cancún, que promoverá un amparo en contra de la recién aprobada Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo, que eventualmente reemplazará a la Ley de Ordenamiento Social, conocida como “Ley Anti marchas” o “Ley Borge”.
En el marco del Foro “Las reformas estructurales y la criminalización de la protesta social”, organizado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Cancún, el activista e integrante del Frente —colectivo integrado por una decena de organizaciones civiles en pro de los Derechos Humanos— Jesús Robles Maloof consideró que la nueva Ley de Ordenamiento Cívico, pese a los cambios que sufrió, es “tan mediocre como la anterior”.
“Se la vamos a detener al gobernador (la ley) en la Corte (…) Aunque está un poquito maquillada, sigue siendo tan mediocre como la anterior”, dijo el también miembro del colectivo Internet Libre para Todos.
Robles Maloof expuso que, de entrada, la Ley de Ordenamiento Cívico, al igual que la Ley de Ordenamiento Social, no observan el llamado “principio pro persona”, un criterio que, básicamente, obliga a ampliar las normas que consagran los derechos humanos y a restringir aquellas que los limitan.
“Lo que más preocupa es la inadecuada definición de ‘orden público’, porque prácticamente establece que si hay protesta, no hay orden o se rompe el orden público. Vemos que se piensa en función del vehículo, otorgándole el derecho de tránsito, por encima de la libertad de tránsito de las personas, lo cual es ridículo.
“De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la libertad es un derecho de las personas, no de los autos. Otro aspecto es el de los bloqueos, que no son inconstitucionales, sino un derecho que se tiene en situaciones extremas”.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social se conformó el 9 de abril pasado, con nueve organizaciones de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional y una Red que integra a más de 70 agrupaciones con presencia en 24 entidades, a propósito de la restricción de las libertades fundamentales que enfrenta México, tales como la libertad de manifestación y la respuesta autoritaria ante expresiones públicas de disenso y protesta social.
A partir de la publicación de la ley, aprobada el 30 de abril, se tienen 30 días naturales para promover el juicio de amparo ante un Juzgado.
