Integrantes de diversas Organizaciones Civiles, de la sociedad civil y familiares cuestionaron la impunidad con la que ha operado el gobierno federal y estatal en el caso de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, quienes fueran asesinados el 12 de abril del 2010.
Esa fecha, Bety Cariño y Jyri Jaakkola integraban una caravana humanitaria y de observación de derechos humanos en las inmediaciones de la comunidad indígena de San Juan Copala, cuando fueron agredidos mortalmente por un grupo paramilitar conocido como UBISORT.
“Su asesinato generó indignación nacional e internacional, cuatro relatorías de la Organización de las Naciones Unidas se pronunciaron de manera conjunta por primera vez en la historia de México, condenando el ataque y exigiendo una investigación efectiva para sancionar penalmente a los responsables materiales e intelectuales, de igual manera la comunidad diplomática europea se pronunció en ese sentido.
“A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los casos de asesinatos o agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos donde las investigaciones nunca logran determinar a los responsables de los hechos, en este caso se cuenta con sus nombres, sus rostros e incluso de varios de ellos con sus domicilios laborales. Desde hace dos años un juez de Oaxaca libró ordenes de aprehensión en su contra y a pesar de todo ello no han sido detenidos”, manifestaron.
Ante ello, sus familiares, amigos y organizaciones de la sociedad civil mantienen una huelga de hambre frente a la Procuraduría General de la República en la ciudad de México, para exigir que se cumplimenten las 12 órdenes de aprehensión pendientes.
“El acceso a la justicia para las víctimas es un derecho humano, y la sanción efectiva para los responsables de estos asesinatos es una garantía para evitar que hechos semejantes se repitan, pero sobre todo para impedir que la impunidad siga siendo la constante en casos de agresiones a las personas defensoras de los derechos humanos.
Ante ello, expresaron su preocupación por la situación de impunidad que prevalece en este caso y exigieron a las autoridades de los gobierno de Oaxaca y federal, detengan a los responsables, para que estos sean enjuiciados.
A esta postura se sumaron: El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C.; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad ( Oaxaca ); JASS (Asociadas por lo Justo); LaNeta,SC; Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh-Oaxaca); Peces A.C.;Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC); Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA A.C.).
