El diputado del grupo parlamentario del PRI en la LXII Legislatura estatal, Manuel Andrés García Díaz, consideró necesario regular la actividad profesional de asesorías a municipios oaxaqueños, con el objetivo de tener una sana administración de la hacienda pública municipal, así como una correcta y transparente rendición de cuentas.
En entrevista, el legislador por el distrito 02, dijo que de esta manera se podrían resolver muchos de los problemas que aquejan a los municipios de Oaxaca que tienen que ver con la cuenta pública, el orden y cumplimiento de mecanismos de administración y ejercicio de los recursos que les son asignados.
Por ello, explicó que como legislador de la fracción priista, presentó al pleno del Congreso del Estado una iniciativa para reformar los artículos 17 y 44 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, adicionando las fracciones XXV y VII.
“Es importante regular la actividad profesional de asesorías a municipios y así podremos fortalecer la figura municipal con elementos que ayuden a mejorar, en el marco de su autonomía, el ejercicio de los gobiernos municipales”.
Detalló que de aprobarse esta iniciativa, se facultará a la Auditoría Superior del Estado para la creación de un padrón de profesionistas y despachos contables, que dé seguimiento a sus trabajos, antecedentes y resultados históricos de eficacia.
“La ASE, como órgano fiscalizador, intervendría para regular dicha actividad profesional siendo el organismo de control de aquellos asesores o bufetes que pretenden llevar el destino de dichas haciendas”, explicó.
Señaló que al contar con el padrón referido, los gobiernos municipales podrán disponer de una herramienta que les de certeza al inicio de sus gestiones y estén en posibilidades de dar pasos seguros que redunden en beneficio del fortalecimiento de la hacienda municipal.
García Díaz hizo un exhorto a sus compañeros legisladores para que unan esfuerzos y apoyen a las autoridades municipales, porque no se trata sólo de criticar y solicitar castigo a los ediles que no cumplen con la rendición de cuentas de manera puntual, que en muchos casos se da como represalia política, perdiendo de vista que tenemos que construir normas jurídicas que ayuden a las autoridades a prevenir el cometer errores en la administración pública.
