Salina Cruz, Oax. La Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios de Oaxaca, garantizará certeza jurídica a la ciudadanía que acuda al Estado a realizar gestiones o trámites gubernamentales y propiciará que esto sea un atractivo fundamental para detonar la inversión privada en la entidad.
Así lo consideró, en tribuna, el diputado panista Gerardo García Henestroza, en la clausura del primer periodo ordinaria de sesiones de la LXII Legislatura del Estado, efectuada el miércoles 30 de abril, en la que el pleno aprobó con 35 votos esa legislación.
Resaltó que con la aprobación del dictamen, la LXII Legislatura del Estado otorga a la ciudadanía oaxaqueña su primera Ley avalada en el primer periodo ordinario de sesiones.
El diputado García Henestroza, resaltó que el dictamen que presentó la Comisión Permanente de Administración de Justicia –que él preside-, es resultado del trabajo legislativo de todos y cada uno de los diputados integrantes de la misma: Adolfo García Morales, del PRI; Jaime Bolaños Cacho y Juanita Arcelia Cruz Cruz, del PRD, y Carlos Alberto Ramos Aragón, del PVEM.
Indicó que esa ley permitirá: dotar al Estado de un instrumento legal Y público; simplificar de manera contundente todos los trámites gubernamentales y la inercia burocrática; promover la competitividad; establecer una herramienta legal para la eficiencia gubernamental; e institucionalizar la mejora regulatoria.
Asimismo, evitará la discrecionalidad de los funcionarios públicos en la aplicación de las diferentes normas jurídicas, combatiendo así la corrupción; facilitará a los gobernados el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; además unificará y simplificará los trámites y servicios que prestan las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.
Mencionó que –hasta antes del análisis y aprobación del dictamen, de acuerdo al ranking normativo de mejora regulatoria emitido por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C., Oaxaca ocupaba el último lugar en esa materia y ha sido el único estado que no contaba con una legislación al respecto.
En ese contexto, dijo que Oaxaca se encuentra dentro de los más pobres de México, debido sobre todo a la falta de inversión privada por lo costoso y tedioso que resultan los trámites para los emprendedores que desean abrir una empresa o un negocio, indicó.
Expuso que la mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, trámites y servicios simplificados, que permiten promover la inversión del Estado.
También mejorar la eficiencia productiva de las empresas y establecer métodos que conlleven a disminuir y erradicar los actos de corrupción de los servidores públicos o de terceros.
Explicó que la finalidad de contar con un marco normativo en materia de reforma regulatoria es reducir la carga administrativa de los procesos productivos.
“Ello se traduce, básicamente, en: claridad y transparencia en licitaciones, agilización de procesos de construcción lo que puede significar una reducción en los costos por vivienda, apertura de empresas en una sola ventanilla y en un tiempo más reducido, mejora y hace más eficiente la organización interna de las dependencias de atención al público”.
“De la misma manera, eliminará intermediarios o gestores que encarecen algunos trámites, brindará capacitación oportuna y profesional a los micros y medianos empresarios para la prestación de sus servicios y principalmente, retendrá inversiones que ya han llegado a nuestro estado”.
El legislador panista aclaró que el proceso de desregulación no consiste sólo en suprimir leyes que establecen ciertos requisitos que tienden a postergar la instalación de empresas o de servicios, sino también en la mejora de las existentes y la introducción de nuevas.
“Lo que se busca con la desregulación es suprimir trabas innecesarias a la actuación de los particulares, y dar seguridad jurídica a los ciudadanos pues conocerán de manera fácil sus derechos y obligaciones, fomentando la inversión la competencia y la productividad, evitando con ello una actuación reguladora del Estado que no permita la actividad productiva de los particulares”, subrayó.
