Cada vez que sonaba el teléfono, tenía miedo de contestar, afirma Byarugaba Dickson, activista gay ugandés de 29 años que ha decidido intentar vivir en un país como México donde ser homosexual no es un delito y donde no tiene que esconderse ni ocultar su trabajo para poder vivir.
Desalojado de su casa hace 10 años porque su madre y sus hermanos no aceptaban su orientación sexual, Dickson recibió hace dos meses una orden de arresto de la policía ugandesa por que alguien lo había acusado de ser gay y activista. Eso se suscitó después de que su nombre apareció en una lista publicada por el periódico Red Pepper en la que compartían los nombres de más de 200 hombres gays para poder ser denunciados en caso de que alguien los viera.
Por esta razón, aprovechó una invitación para impartir una conferencia sobre homofobia en nuestro país para solicitar formalmente al gobierno de México asilo político debido al hostigamiento y persecución legal que hay en su país natal en su contra porque su orientación sexual es considerada un delito sancionable con cárcel desde febrero de este año.
La homofobia en su contra no es nueva para él, hace 10 años dejo de estudiar la universidad porque no tenía los recursos para seguir estudiando una vez que su familia lo dejo de apoyar y lo echo de casa. Fue en esos años cuando comenzó su lucha contra el estigma y la discriminación hacia los grupos minoritarios, entre ellos los gays y las lesbianas, prejuicios que prevalecen en la sociedad ugandesa desde altos niveles hasta las clases analfabetas.
Para el activista, gran culpa de este odio generalizado hacia las personas integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual de Uganda proviene de las iglesias cristianas predominantes en la nación africana, patrocinadas por iglesias de Estados Unidos, ya que no enseñan la tolerancia a la diversidad sexual, y por el contrario, difunden ideas extremistas de odio.
Reflejo de esto es que la que la ley, denominada popularmente “anti gay”, obliga a la persona a reportar a una persona gay en menos de 24 horas de haberla visto o también sufren sanciones, lo cual provoca que las personas de la comunidad de la diversidad sexual viva con miedo. Tampoco hay posibilidades de que alguien te rente un departamento o una casa porque pueden ser sancionados con siete años de cárcel. Además, si quieren, te pueden sacar sin permiso.
Este ambiente de miedo, aseguró, puede resultar contraproducente en un país con una tasa de prevalencia de VIH alta que al paso del tiempo se había ido disminuyendo y que se esta volviendo a incrementar debido a que no hay organizaciones que hagan pruebas rápidas ni reparto de condones, ya que pueden ser sancionadas legalmente. Tampoco continúan actividades como labores de prevención en hombres que tienen sexo con hombres, las cuales él solía hacer desde hace casi 10 años.
Lo más grave, afirmó es que la homofobia en la sociedad de Uganda es promovida por el gobierno nacional y promocionada a través de la aprobación de leyes anti homosexualidad. “La mentalidad del presidente es muy limitada por que ha dicho ante la televisión que los gays son repugnantes”, lamentó.
Él no quiere correr el riesgo de otros dos conocidos que ya estuvieron en prisión y ahora están en un proceso de libertad probatoria hasta el próximo mes de junio cuando comparezcan ante las autoridades para saber si pasarán o no los próximos siete años de su vida en prisión por su orientación sexual.
Prefiere quedarse en México, país que afirma, ha hecho un gran trabajo en la materia pues al aprobar legislaciones que prohíban todo tipo de discriminación aseguran que la siguiente generación encuentre espacios tolerantes para todas y todos.
“Solicito asilo para poder seguir siendo libre y seguir orgulloso de ser quien soy”, aseveró.
La ley
La homosexualidad ha sido considerada un delito en Uganda desde 2009. Sin embargo, en diciembre de 2013, la diputada Rebecca Kadaga presentó una iniciativa de ley para reforzar las sanciones con siete años de prisión a aquellas personas que sean sorprendidas por primera vez en una relación homosexual, y a cadena perpetua, para quienes sean reincidentes, además de castigar a aquellos que no encubrieran a una persona homosexual o les brindara atención y apoyo.
Casi dos meses después, como respuesta a la presión internacional para evitar la aprobación de la ley y “para demostrar la independencia de Uganda frente a las presiones y provocaciones de Occidente”, el presidente de la nación africana, Yoweri Museveni ratificó la legislación.
Esta ley fue parte de una reformulación de la propuesta original de David Bahati, del Movimiento Nacional de Resistencia de Uganda, la cual promovía la condena legal de la homosexualidad y la sanción de pena de muerte contra las personas que viven con VIH que mantengan relaciones con personas de su mismo sexo o quien tenga relaciones homosexuales con personas con capacidades diferentes o menores de 18 años.
La parte que continúo fue aquella que permite a las autoridades policiales encarcelar a las personas que conozcan a homosexuales, pero no los reporten en un plazo de 24 horas, con una pena máxima de siete años a aquellos que además de conocerlos les proporcionen vivienda o algún servicio.
Hace tres años, el activista gay David Kato fue asesinado a palazos al interior de su casa, ubicada a 15 kilómetros de la capital ugandesa Kampala. Desde 2010, tras aparecer sin su consentimiento en la portada de la revista Rolling Stone -sin nexo con la versión estadounidense-, en cuya edición se incitó a la gente a “ahorcar” a las personas homosexuales, Kato recibió amenazas de muerte constantes.
