La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y a los Directores de Instituciones Educativas de Nivel Medio Superior en el Estado de Oaxaca que diseñe un protocolo para detectar y atender de forma eficaz los casos de acoso y violencia escolar.
En la Alerta Temprana que emitió este martes 3 de junio pidió a la Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo que coordine los esfuerzos de las instancias del Gobierno del Estado con el fin de implementar las políticas públicas necesarias para la atención integral del acoso y la violencia escolar.
La Defensoría insta a las Autoridades Municipales para que establezcan diálogos con sus autoridades auxiliares, representantes de comités de padres de familia de las instituciones educativas ubicadas en sus respectivas jurisdicciones, así como con la ciudadanía en general para que se propicie una cultura de prevención y atención a los casos de acoso y violencia escolar.
Así mismo hace un llamado a los padres de familia y a la sociedad en general para que coadyuven en la solución de la problemática, inculcando a las niñas, niños y adolescentes valores y principios como el respeto, tolerancia, igualdad, equidad que fomenten una sana convivencia, también les invita para que recurran a las instancias correspondientes a denunciar los posibles actos de acoso y violencia escolar.
Durante el periodo de 2013 en la Defensoría delos Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se han iniciado 13 expedientes de queja sobre acoso y violencia escolar mientras que en este 2014 se han abierto 7 expedientes.
El acoso y la violencia escolar es un fenómeno que se ha expandido a los diversos niveles educativos y las distintas regiones del Estado tal y como lo evidencian los diversos expedientes que se han iniciado en la Defensoría. Este problema por su relevancia y afectación directa a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes debe ser atendido de forma urgente y multidisciplinaria por todas aquellas dependencias del Gobierno del Estado responsables de proteger, garantizar y defender los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
