El pasado 17 de julio se instauro en la Cámara de Senadores de la Republica, la Comisión de la Familia y del Desarrollo Humano. Su presidente el senador del Partido Acción Nacional (PAN) José María Martínez Martínez declaró, “saldremos a defender nuestros valores , el concepto familiar , la unión de un hombre y una mujer para la perpetuidad de la especie”.
Respecto al papel de esta nueva Comisión, la cual estará dedicada a frenar el derecho al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo y a revertir todas esas inclinaciones liberales que según el panismo, han desfigurado el concepto jurídico de la familia, una unión de organizaciones civiles y activistas y defensores de los derechos humanos de todo México hicieron público su rechazo y cuestionamiento por medio de un comunicado.
En el dan cuenta de que los asuntos relativos al Derecho Familiar y al estado civil de las personas son competencia exclusiva de las legislaturas de los estados, por lo que, si bien la opinión del Senado es muy importante, no es vinculante en sus determinaciones y los puntos torales sobre los que pretende trabajar, analizar y dictaminar esta nueva Comisión, ya están contemplados por otras Comisiones Ordinarias de la Cámara, tales como las de Atención a Grupos Vulnerables, Derechos de la niñez y la adolescencia, Derechos Humanos, Igualdad de Género y Salud, por lo que no existe razón para la creación de esta Comisión.
Martínez Martínez , declaró: “ tenemos que cerrar la puerta ya a algunas entidades o algunos políticos que están pensando más en modas o en tendencias o incluso que nos han llevado a pensar en la muerte. No queremos el aborto. Esa es nuestra convicción, ese va a ser el reto y la agenda de esta Comisión”.
En este sentido, la unión de organizaciones civiles y activistas y defensores de los derechos humanos puntualiza que las declaraciones de quienes integran la Comisión de la Familia, desde su instauración, dejan entrever que legislarán con una “línea” clara: no por la inclusión y el respeto de los Derechos Humanos, sino por la discriminación y la criminalización de aquello que confronte un modelo ideal de familia que imponen como único aceptable para la población mexicana. En esta concepción, sustentada en un discurso moral y generalizador, asume que la familia se reduce a la sustentada en lazos naturales, su objetivo es la perpetuidad de la especie, y se entiende a las mujeres como vehículos para la reproducción.
Además señalaron que la intención de esta Comisión de la Familia y del Desarrollo Humano, viola nuestra Constitución en sus artículos 1, 4, 16, 124 y 133 y los Tratados Internacionales vinculantes para México como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos , y la del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad de Género.
Finalmente este grupo de asociaciones civiles y activistas de los derechos de los humanos puntualizan su exigencia de una inmediata disolución de dicha comisión, basados en su ilegalidad y su discurso del odio disfrazado de valor familiar.
Entre los cientos integrantes de este grupo se encuentran asociaciones civiles y defensores de los derechos humanos de los estados Aguascalientes, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Jalisco, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Puebla, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosi, Michoacán, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo
