El bullying es un problema social que ya salió de las aulas para resolverse ahora en los tribunales. Los castigos por el acoso escolar dejarán de ser ponerle orejas de burro al agresor o un simple regaño para convertirse en indemnizaciones por miles de pesos para las víctimas y resarcir de esta forma el maltrato sufrido dentro de las escuelas.
Este conflicto ha ocasionado que decenas de familias mexicanas presenten ante juzgados en materia administrativa y ante la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diversos juicios de amparo que tienen por objetivo obtener una indemnización.
Tan sólo en el máximo tribunal del país existe la demanda de Angélica M, una madre de familia que exige el pago por indemnización a un colegio privado del Estado de México por 50 mil pesos, por concepto de inscripción y colegiaturas pagadas durante un ciclo escolar, además de un interés legal por todo el tiempo en que se encuentre insoluto el pago desde 2009.
La señora también exige el pago de cien mil pesos a la institución educativa por concepto de atención médica y sicológica derivado del daño causado a su hijo menor y el pago de poco más de 100 mil pesos por los gastos y costos judiciales derivados del juicio iniciado en 2010.
“El análisis del asunto hará posible definir diversos temas de naturaleza procesal relacionados con la responsabilidad civil generada a partir del maltrato escolar (bullying) y discriminación, atendiendo a los principios constitucionales estimados como vulnerados, específicamente el de no discriminación, el derecho a la educación, el interés superior del menor, el derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, así como de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos”, consideran los ministros de la SCJN.
Sólo en mayo pasado y en la primera quincena de junio, se ha presentado ante juzgados federales de todo el país alrededor de una veintena de demandas de amparo en contra de la omisión por parte de escuelas públicas y particulares de educación básica y contra autoridades de las secretarías de Educación Pública locales y federal que, a decir de los afectados, no atendieron en su momento el bullying padecido por los menores en los salones de clase. En la mayoría de los casos se exige la reparación del daño vía indemnización financiera.
Jueces en materia administrativa de entidades federativas como Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán, Morelos y Distrito Federal analizan diversas demandas por el “silencio administrativo” presentadas por padres de familia o tutores de menores de edad víctimas de acoso escolar.
Se prevé que en las próximas semanas, la Primera Sala de la SCJN fije los lineamientos que deben seguir los impartidores de justicia para tratar los asuntos relacionados con el bullying escolar y velar por el interés superior del menor.
De acuerdo con fuentes del Poder Judicial, los ministros del máximo tribunal del país definirán, tras conocer el proyecto que proponga el ministro Arturo Zaldívar, qué tan pormenorizadamente se deben narrar los hechos en la demanda, en relación con las conductas de hostigamiento o acoso escolar.
También como si por tratarse de pruebas difíciles de obtener por la víctima de bullying se puede confiar o no en sus afirmaciones para dictar resolución en un juicio, y si sería factible tener por probados los hechos a través de pruebas indirectas, dado lo difícil o poco probable de contar con pruebas directas.
Hasta el momento, la Suprema Corte no ha establecido precedentes en torno de pretensiones derivadas de responsabilidad civil por bullying, discriminación, su tratamiento procesal o la vía para demandar las indemnizaciones correspondientes derivadas de este problema.
Para Silvia Garza Garza, quien preside la organización Educadores sin Fronteras, las legislaciones y medidas para combatir el acoso escolar con espíritu punitivo buscan de forma equivocada erradicar la violencia desde el castigo, la sanción y el miedo, cuando lo que se debe buscar es garantizar mecanismos que garanticen la integridad de los infantes.
“Los jueces tienen la obligación de aplicar la justicia ante quienes violan los derechos de cualquier persona, entre ellos, los niños. Debemos difundir que el bullying es una manifestación más de violencia hacia los niños. Mientras no se elaboren las estrategias globales y coordinadas para acometer el problema, no se conseguirán los resultados esperados”, puntualizó en entrevista para Excélsior.
Al preguntársele quiénes debían ser considerados responsables del bullying ante la justicia, Garza Garza indicó que sería simplista y limitado abordar el problema exclusivamente como el fenómeno bullying, pues los docentes, el personal de apoyo, las autoridades escolares y los alumnos padecen, hoy en día, el riesgo de ser víctimas o de ser agresores.
“Es un acierto que la SEP haya abierto un espacio electrónico para que los niños denuncien los actos de bullying; sin embargo, ¿cuáles serán los mecanismos de apoyo para las víctimas, los agresores, los testigos y las familias?, ¿por qué no se ha dicho que los niños agresores también son víctimas?
“¿Cuál es la instancia responsable de evaluar que “X” caso sea, efectivamente, bullying y que el caso “Y” sea otro tipo de violencia?
“Y si hablamos de la violencia que ocurre dentro de las escuelas, ¿por qué nadie ha hablado de los profesores?”, consideró la académica.
A principios de junio, un juzgador federal en Materia Administrativa con sede en la capital del país concedió amparo a una menor de edad víctima de bullying y ordenó que a la niña que cursa el sexto año de primaria le continúen asignando a una mujer de su plantel educativo para que le brinde protección de manera discreta y vigile las entradas, cambios de clases y recreos donde se encuentran sus compañeros, con el objetivo de evitar el acoso escolar.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación también repasó un caso de bullying en el que estaba involucrada una adolescente que murió por un derrame cerebral luego de que uno de sus compañeros de escuela le aventara un clip con una liga en la sien.
El ministro Arturo Zaldívar, ponente del asunto, propuso a sus compañeros de la Primera Sala amparar a la madre de la menor con el objetivo de que su caso fuera retomado por algún tribunal administrativo ante el cual demandara una indemnización por más de 200 mil pesos tras el daño moral luego de haber perdido a su hija. Los ministros avalaron la propuesta de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea por unanimidad de votos.
