El taller mecánico “Los Leones”, donde se repara y da mantenimiento a los autos oficiales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Tabasco, es propiedad de los sobrinos del presidente reelecto del organismo, Jorge Javier Priego Solís, según información obtenida a través del sistema de transparencia.
Por unanimidad, los magistrados del TSJ reeligieron ayer a Priego Solís como presidente de la institución para el periodo 2015, pese a denuncias de tráfico de influencias y presunto peculado que pesan en su contra.
A través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la ciudadana Martha López Cruz solicitó que el TSJ informara en qué taller se repara y da mantenimiento a la flotilla de vehículos del organismo. La información oficial confirmó que se trata del establecimiento denominado “Los Leones”, propiedad de los hermanos Arturo y Fernando León Falcón, sobrinos de Alicia Berezaluce Falcón, esposa de Priego Solís.
También aparece como propietaria Belen Cristell León –hija de David León Falcón, hermano de Arturo y Fernando–, quien supuestamente tiene participación en la venta y mantenimiento de los aires acondicionados del TSJ y los 17 juzgados de la entidad. Dicho servicio lo otorgaba el departamento de mantenimiento de la institución, que cuenta con 12 empleados, entre técnicos en refrigeración y ayudantes.
En febrero de 2013, a dos meses de asumir la presidencia del TSJ, Priego Solís asignó el primer contrato por 41mil 64 pesos para fumigación y control de plagas del TSJ.
La empresa beneficiada fue “Fumigaciones Priego”, propiedad de Jaime Augusto Priego Rodríguez, hijo a la vez de su primo Roberto Augusto Priego Priego, secretario general de acuerdos del TSJ.
Un mes después, en marzo, hubo otro contrato por 25 mil 810 pesos para fumigación de juzgados y siguieron otros en junio, septiembre, octubre y noviembre; dos de ellos por 41 mil 64 pesos y dos más por 25 mil 810 pesos.
En enero de 2014 se firmaron dos contratos más para “Fumigaciones Priego”, uno por 42 mil 126 pesos y otro 26 mil 477.50 pesos, de acuerdo con información que obtuvo a través de la Ley de Transparencia la ciudadana Juana María Solís Trujillo.
Este servicio también lo hacia el departamento de mantenimiento del TSJ.
A mediados de 2014 presentó su renuncia voluntaria la excontralora Judicial, Adriana González Aranda, después de protagonizar un escándalo que trascendió los muros del TSJ y se ventiló profusamente en las redes sociales y medios de comunicación.
De acuerdo con la información difundida, González Aranda y Priego Solís fueron sorprendidos por la esposa de éste en una actitud comprometedora y se armó el escándalo en el propio despacho del presidente del TSJ.
Juana María Solís Trujillo solicitó que se le informara a cuánto ascendió el pago del finiquito por la terminación de la relación laboral de la excontralora con el TSJ. La institución respondió que no era posible entregar esa información porque se trata de “datos personales” y forman parte “del patrimonio de los servidores públicos” y como tal está protegida por la ley de Transparencia de Tabasco.
Sin embargo, empleados del TSJ denunciaron en redes sociales que se le pagaron 300 mil pesos, como si fuera un laudo por despido injustificado, cuando se le debió liquidar lo que le correspondía, como la parte proporcional del aguinaldo, vacaciones y otros conceptos menores que no llegaba a la cantidad de 20 mil pesos.
Peor aún, la excontralora presentó su renuncia voluntaria, es decir que no fue cesada del cargo, y tampoco ninguna autoridad laboral ordenó el pago de 300 mil pesos, pues no hubo un litigio de por medio.
El presidente del TSJ “dispuso indebidamente de recursos públicos del Poder Judicial para favorecer a su consorte”, denunció una persona identificada como Yolanda Merodio en un correo electrónico. Luego exigió al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) investigar este presunto caso de peculado en el Poder Judicial de Tabasco.
Con su reelección, Jorge Javier Priego Solís ajustará tres años al frente del Poder Judicial de Tabasco, al que a partir de este 2015 se sumaron cinco nuevos magistrados numerarios por un periodo de ocho años.
Se trata de Lorena Concepción Gómez González, Martha Patricia Cruz Olán, Samuel Ramos Torres, Lorenzo Justiniano Traconis Chacón y Mario Alberto Gallardo García.
AUTOR:ARMANDO GUZMÁN
ESTADOS/VILLAHERMOSA, Tab., (apro).-
