“A partir de Ayotzinapa, estos procesos no están en manos de las autoridades políticas, ni de los gobiernos, ni siquiera de los partidos políticos. Estos procesos están en manos de la sociedad civil. No sabemos que procesos sociales se vayan a generar con el resultado de nuestro trabajo”
Aseguró el sacerdote, activista y defensor de los derechos de los migrantes centroamericanos Alejandro Solalinde en su calidad de presidente comisionado de la Comisión de la Verdad, para el esclarecimiento de los hechos las víctimas y los perpetradores de lo acontecido en Oaxaca en el conflicto social del 2006 y 2007.
El periodista Diego Osorno y la especialista en Derechos Humanos, Marina Patricia Jiménez, son los otros dos comisionados de una Comisión con un mandato de secrecía en sus investigaciones, creada con fondos federales con un presupuesto de doce millones de pesos y cuya recomendación final está programada para entregarse en marzo del 2016.
“En este corto tiempo hemos ido acumulando información desconocida públicamente, videos, fotografías, documentos, que nos van a permitir visibilizar a los victimarios. Nuestros resultados van a ser incomodos para mucha gente, para muchos personajes del ámbito público y social. La verdad puede llegar a ser muy poderosa cuando se establece en rigor”
Puntualizó Osorno, en tanto que Solalinde aseguró que, su investigación no será tendenciosa y que investigarán por igual a todos los funcionarios públicos de aquel momento, así como a los poderes fácticos y los casos de aquellos ciudadanos que se convirtieron en daños colaterales en el conflicto, como el caso de un joven que terminó degollado por la alambrada de una barricada en la Colonia Volcanes, y al que la Asociación Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) acusó de pandillero y de que él se lo había buscado.
Existe un total de 26 víctimas mortales contabilizadas por la Comisión durante el conflicto y un antecedente de desestimación que, se hizo del informe que sobre el 2006 presentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos y de los pronunciamientos de organismos internacionales.
Al respecto Solalinde destacó que, a diferencia del pasado existen en México factores de presión social. “Ahora se llama debilidad institucional a lo que en realidad es corrupción. Nosotros haremos lo que nos toca. La sociedad civil y a las organizaciones también tendrá que apoyarnos. Nuestro trabajo será bien fundamentado, nosotros no vamos a inventar nada”
“Se trata de sentar las bases para que los perpetradores, al nivel que sea, tengan que dar cuenta. Esta no es una investigación de lo que pasó hace veinte o treinta años, el tiempo del conflicto es reciente”
Comentó por su parte Jiménez y destacó que hoy México se encuentra en una sacudida profunda y una monumental crisis de estado en el respeto a los Derechos Humanos que comenzó en el Oaxaca del 2006. “Todavía hay más fondo que tocar”
Solalinde aseguró que escuchar a las víctimas ha sido un trago doloroso y reitero, “nosotros no solo somos los responsables de que esto quede como letra muerta, todo Oaxaca es corresponsable”
Los tres comisionados aseguraron que la tarea de la comisión será la de ejercer la investigación con autonomía, sentando las bases para el establecimiento de políticas públicas que se pronuncien por la salvaguarda de los Derechos Humanos.
El derecho a la verdad, el derecho a la justicia y la reparación integral de las victimas. El cómo, el donde, las causas. El contextualizar quienes son los perpetradores, con responsabilidad de autoridades del estado y de la sociedad civil, son las causas y los derroteros por los que los tres comisionados coincidieron que caminara su recién creado organismo.
“Que se generen mecanismos para la no repetición de estos hechos “aseguró Osorno, y respectó a la pregunta de si la comisión (en su carácter no vinculante) puede ser un requisito político para a una administración estatal actual (a año y medio de terminar funciones) que prometió su creación desde su misma campaña, Solalinde destacó.
“Esta comisión de la verdad, como todo lo que está sucediendo en México con la sociedad civil, está más allá de los cálculos y manejos políticos. Nos consideramos autónomos, lo suficientemente independientes como para terminar las cosas correctamente. No vamos a proteger a nadie”
“No nos sentimos subordinados a ningún gobernador, a ningún funcionario, a ningún líder, sino a las víctimas. Muchos de ellos formaron parte de organizaciones políticas, pero también hubo personas sin organización que participaron en estos eventos y que también fueron agredidos”
Complementó Osorno, corresponsal en Oaxaca en el 2006 de un diario de circulación nacional.
La Comisión de la Verdad, con la presencia también de su Secretaría Ejecutiva, Eugenia Mata convocó al pueblo de Oaxaca en general a colaborar en la investigación de la violación de los Derechos Humanos en el 2006-2007 y que tuvieron sus antecedentes desde el 2005.
“No todas las víctimas presentaron denuncias en su momento y hoy se están acercando a nosotros” comento Marina Jiménez, a lo que Solalinde secundó, “convocamos a todos los que tienen pruebas y evidencias a presentarlas”
“El pueblo de Oaxaca tiene derecho a conocer la verdad, una verdad que se ha callado, que se ha ahogado por el miedo y el silencio”
