La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) efectúen recorridos de vigilancia para garantizar la protección del reportero José Ignacio Santiago que fue agredido el lunes 12 de enero último en Juchitán.
La Defensoría tuvo conocimiento por medios de comunicación de que el reportero, mientras se dirigía a cubrir una comisión profesional, sufrió lesiones de gravedad después de que un conductor lo arrolló con su camioneta y enseguida lo atacó a golpes hasta dejarlo con múltiples fracturas en diferentes partes del cuerpo.
Dado que la agresión contra un informador vulnera el derecho a la información de la comunidad, además de los derechos humanos del comunicador, la Defensoría procedió sin demora a intervenir en este caso a fin de que sean resguardadas la integridad física y las prerrogativas fundamentales del periodista.
El organismo defensor también solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado que informe si el Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría de Justicia del Istmo inició alguna averiguación previa en torno a esta agresión, y remita copia certificada de la investigación a fin de que el organismo autónomo pueda valorar el seguimiento del incidente.
La Defensoría informó que inició de oficio el cuaderno de antecedentes número DDHPO/CA/41/(01)/OAX/2015 al tener información de que el lunes 12 de enero el reportero del diario El Imparcial del Istmo circulaba sobre la carretera que conduce al municipio de Unión Hidalgo cuando fue impactado por una camioneta, de cuyo interior descendió un hombre que golpeó al caído hasta que éste perdió el conocimiento.
El organismo defensor detalló que la información difundida por los medios de comunicación indica que el estado de salud del reportero es grave, debido a que presenta fracturas en manos y hombro, y que según los médicos han dictaminado que lo intervendrán quirúrgicamente para poder lograr su rehabilitación.
Para finalizar, la Defensoría solicitó la colaboración de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo estatal para que coordine y optimice las acciones de la Procuraduría y la SSP en el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas.
