Más de 300 millones de pesos es la suma que, 18 administradores municipales manejaron en 2014. Y su uso es discrecional; en total opacidad y sin rendición de cuentas; sujetos sólo a los partidos y/o facciones que los impusieron. Como caja chica para campañas o para usos personales. Ese es el gran negocio que no quieren dejar ni partidos políticos, ni fracciones parlamentarias.
Y en esa cifra es sólo consideran los ramos 28 y 33 autorizados para 2014 (POE, Extras del 15/01/2014 y 31/01/2014). Faltan los ingresos propios, pocos pero los hay; como también los que obtienen por vía de otros programas gubernamentales o mezcla de recursos. Sólo se consideran, también, los casos en que los administradores permanecieron todo el año, hubo otros municipios en que duraron algunos meses únicamente.
Desde la última década del siglo pasado los administradores empezaron a jugar un papel relevante. Ante la pérdida electoral paulatina que tuvo el PRI de los municipios, en aquellos con conflicto el gobernador designaba a los administradores municipales y el Congreso los validaba. Así el administrador hacía las tareas políticas para recuperar el control municipal para el gobernador y su partido.
La cuestión terminó de pervertirse a medida que los ayuntamientos empezaron a recibir más recursos públicos. La figura del administrador municipal entonces, pasó de ser un agente de intermediación política, a también un proveedor de recursos para los padrinazgos de quienes lo llevan al cargo (diputados, partidos políticos, funcionarios gubernamentales).
Ahora no importaba sólo el control político, sino también el dinero. Quien entendió pronto esta dinámica fue el gobernador José Murat; en su mandato las elecciones anuladas fueron 14, pocas para el negocio, pero ello no fue obstáculo. En ese periodo se desaparecieron poderes en 38 municipios, se revocó el mandato de ediles en 13 más. Así, 65 municipios estuvieron a cargo de administradores o concejos municipales (Cuauhtémoc Blas, Oaxaca, ínsula de rezagos, Ed. Siembra, 2007).
El exgobernador hizo lo propio también en la figura de los consejos municipales. En Juchitán en 2001, ante le inelegibilidad de Héctor Matus, candidato del PRI que ganara las elecciones; el primer día del nuevo ayuntamiento los concejales en masa “solicitaron licencia”, al día siguiente el Congreso desaparecía los poderes municipales y nombra a un Consejo Municipal, presidido por ¡Héctor Matus! e integrado por los mismos regidores. En Ciudad Ixtepec cuando el edil, Adolfo Toledo, solicitó licencia para incorporarse a Coplade, se hizo la misma comedia para que ocupara la presidencia Beto Tactuc, amigo de la infancia del exgobernador.
Por eso fue sorpresiva la situación en 2011. En el escenario de la alternancia en el gobierno estatal, las fuerzas políticas se movieron para dejar una estela de inestabilidad. De entrada 47 municipios iniciaron sin autoridades pues sus elecciones fueron anuladas por el órgano y los tribunal electorales. Cifra que crecería a 50 al primer mes del periodo municipal.
En la lógica imperante el Legislativo solicitó al gobernador en un par de ocasiones su propuesta de quiénes serían los administradores municipales. Insólitamente Gabino Cué abdicó de esa facultad, perdió de paso la posibilidad de asumir el control político de esos municipios y lo regaló a los partidos políticos. Tal oportunidad no sería desaprovechada por los diputados. En una rebatinga se repartieron las administraciones. Sería el paso decisivo para institucionalizar el saqueo de las haciendas municipales.
Los excesos de los administradores son de antología, como los millonarios recursos que manejaron. En tres años (2011-2013), por ejemplo, el administrador municipal de Santa María Atzompa, el perredista Leonel Santos, sobrino del ahora edil de Pochutla, Raymundo Carmona, manejó alrededor de 150 millones de pesos sólo de los ramos 28 y 33. Por eso se opuso a las elecciones extraordinarias y financió a grupos que lo impedían.
En esa lógica los administradores se quedaron en el limbo legal. Ya no dependían del Ejecutivo, no informaban siquiera a la Secretaría General de Gobierno la situación municipal, menos la obedecían. Y tampoco dependían del Legislativo como tal, sólo de sus jefes políticos, los coordinadores parlamentarios o los dirigentes de los partidos.
Pasaron tres años para que el Ejecutivo se percatara de la importancia del control de los administradores. En 2013 enviaría al Congreso una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica Municipal para recuperar la facultad de nombrar a los administradores, además de ponerle ciertos cotos y la duración sólo por 90 días. Reforma aprobada el 30 de septiembre de 2013. Nunca pudo operarse. Diputados y partidos no dejarían ir el negocio tan fácilmente. Apenas iniciada la actual legislatura, el 27 de diciembre de 2013, reforman la Constitución y la Ley Orgánica Municipal para recuperar el nombramiento y control de los administradores municipales. Y es que, en su apuesta –corroborada por la mala información de la SEGEGO— serían al menos una cincuentena los que habrían de nombrar. No fue así, pero el reparto llegó a niveles de cinismo, pues de forma ilegal facultaron a la Junta de Coordinación Política para hacer directamente las designaciones.
Y el reparto toca a todos los partidos. El negocio no es para menos. Tan sólo San Mateo del Mar manejó alrededor 55 millones de pesos en 2014; Mazatlán Villa de Flores y San Antonio de la Cal, casi 40 millones cada uno. Por eso el empecinamiento del PRD y los cívicos de José Julio Aquino por defender a toda costa su posición en Santiago Camotlán, el manejo de 19 millones después de perder todo en el proceso electoral no es mal premio de consolación. O los 18 millones que en 2014 ejercieron el priista Jorge Bustamante y su tesorera Leticia Cruz Regino en San Dionisio del Mar, un efectivo aliciente para patrocinar la oposición a las elecciones.
Y es que ni realizan obra pública ni atienden los servicios municipales. Eso sí, como el administrador de San Antonio de la Cal, hasta arman “guerra de bandas” con varios grupos musicales, de entrada gratuitas en las fiestas titulares de los pueblos a los que llegan como virreyes. En este caso patrocinados por empresas como Grupo Empresarial Consultores (ASE); ¿serán tan desprendidos los de esa empresa? (http://www.columnainformativa.com/2015/01/la-administracion-municipal-de-san-antonio-de-la-cal-invita-a-las-fiestas-patronales/). Las historias podrían continuar.
Por ello los administradores no hacen sino entorpecer las posibilidades de elecciones extraordinarias; saben que no tienen que rendir cuentas a nadie de los dineros que manejan y sólo deben dar su correspondiente mesada a sus jefes políticos.
Pero ese negocio se tiene que acabar. Un paso ya lo dio la valiosa resolución del Juez Quinto de Distrito, Luis Evaristo Villegas, que declaró como inconstitucional la reforma legislativa de diciembre de 2013 y la figura del administrador municipal (JUICIO DE AMPARO 183/2014), tras el atinado litigio estratégico realizado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría. Defensa y Traducción (CEPIADET).
Es necesario ahora buscar salidas claras cuando los conflictos municipales impidan la elección de autoridades; acotar la figura, periodo y facultades de los administradores, para evitar que se perpetúen y, en su caso, fortalecer a los Consejos Municipales. Lo mejor, siempre, será que los ciudadanos sean quienes elijan a sus autoridades municipales.
victorleoneljuan.m@gmail.com
Twitter: @victorleonljuan
