En México, 115 mil plazas docentes de jubilados y de trabajadores que ya fallecieron se siguen cobrando como maestros en activo en la Secretaría de Educación Pública (SEP).
De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos, del INEGI, dado a conocer en 2014, se trata de plazas en las que alguien cobra sin trabajar.
El pasado jueves, la SEP informó que hizo 918 mil 222 pagos en la primera quincena de 2015, a través del Fondo de Aportaciones de la Nómina Educativa y Gasto Operativo, pero no detalló si en los cobros vigentes eliminó a los 114 mil 998 trabajadores fallecidos, jubilados o pensionados que registró el censo educativo.
Organizaciones como Mexicanos Primero exponen que, si la SEP asumió el control de la nómina, tiene la obligación de eliminar pagos ilegales que se crearon en los últimos 20 años en el magisterio.
El Estado de México, con 15 mil 412 plazas, y el Distrito Federal, con 12 mil 613, son las dos entidades federativas con el más alto número de casos irregulares de ese tipo a los que ya no deberían pagarles.
Sobre los comisionados, aquellos que se encuentran en funciones sindicales, administrativas o cargos públicos, la SEP tampoco detalló si ya retuvo los salarios de 30 mil 695 personas en esa situación laboral que registró el INEGI.
El artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente dice que “las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impida el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del servicio sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”.
MAESTROS JUBILADOS Y MUERTOS, EN NÓMINA
La SEP sigue pagando a 30 mil comisionados, pese a que la ley se lo prohíbe
De todas las plazas irregulares de maestros que sigue pagando la SEP, casi 115 mil están bajo los nombres de trabajadores que ya se jubilaron o fallecieron, pero que no los eliminaron de la nómina, pues alguien cobra por ellos sin trabajar.
El Censo de Escuelas, Alumnos y Maestros que realizó el INEGI revela que entre las severas anomalías en el sector está el cobro de plazas de maestros y empleados que ya murieron o se jubilaron, pero siguen activos en la nómina en servicio.
Esas plazas irregulares representan miles de millones de pesos perdidos al año, pues la Federación está pagando a quienes ya no laboran, pero alguien se queda con ese salario de manera discrecional.
Por ello, organizaciones civiles como Mexicanos Primero demandan que si la SEP asumió el control de la nómina magisterial en vez de traspasarla a los estados, tiene la obligación de eliminar pagos ilegales que se crearon en los últimos 20 años en el sector.
De lo contrario, tener el control de la nómina no abatirá el problema, pues hasta ahora la dependencia ha omitido señalar si esos 114 mil 998 jubilados y fallecidos dejaron de cobrar desde la primera quincena de este enero.
Mientras ocho de cada 10 escuelas en Oaxaca no tienen drenaje y 31% de todos los planteles de educación básica del país no tiene agua corriente de una red pública, en el Estado de México hay 15 mil 412 plazas que cobran jubilados y fallecidos.
Hasta el pasado jueves, la SEP informó que hizo 918 mil 222 pagos en la primera quincena de 2015, a través del Fondo de Aportaciones de la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), dejando pendientes más de 48 mil casos que no pudieron comprobar nombramientos de plazas.
Sin embargo, la SEP no ha aclarado si en los pagos vigentes ya eliminó a los 114 mil 998 trabajadores fallecidos, jubilados o pensionados que registró el censo educativo, ya que esos cobros magisteriales son ilegales y tendrían que salir de nómina.
De esas plazas que ya no deberían pagar como trabajadores activos, el Estado de México y el Distrito Federal son las dos entidades con el más alto número de esos casos, pues en el Edomex hay 15 mil 412 plazas que cobran jubilados y fallecidos, mientras que en el DF suman 12 mil 613 puestos que han cobrado desconocidos por trabajadores jubilados o ya muertos.
En tercer lugar está Veracruz, donde el censo detectó ocho mil 360 plazas de jubilados y fallecidos que se seguían cobrando como trabajadores en servicio.
Respecto de los maestros que se encuentran en funciones sindicales, administrativas o cargos públicos, la SEP tampoco ha informado si ya retuvo los salarios de 30 mil 695 profesores que resultaron comisionados en el censo levantado por el INEGI.
El artículo 78 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que “las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impida el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del servicio sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”.
Por lo tanto, la SEP tiene la obligación de retener el pago del salario a 30 mil 695 comisionados que detectó el censo educativo, pues hasta ahora no ha señalado si ya cumplió con esa disposición legal o si aún pagó esos sueldos correspondientes a la primera quincena de enero de 2015.