Hace una semanas se anunció en Oaxaca la conformación de la Comisión de la verdad que, indagará sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el gobierno estatal de Ulises Ruiz durante el conflicto social del 2006.
“Es legítima, llega un poco fuera de tiempo, pero si podrá sacar un resultado importante que, redunde en un tema justicia para las víctimas”
Considera Yesica Sánchez Maya, abogada, feminista y defensora de los Derechos Humanos, presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) durante el conflicto y actualmente dedicada a trabajar en materia de denuncia y prevención de feminicidios y protección a defensoras de Derechos Humanos.
“Eso que salga de la comisión esperamos que, el estado lo tome, lo ejecute y lo pueda hacer tangible” menciona la activista sobre un organismo conformado por tres comisionados, el cura y defensor de los derechos de los migrantes en tránsito, Alejandro Solalinde, periodista y corresponsal de un diario nacional durante el 2006, Diego Osorno, y la defensora de los derechos humanos Marina Jiménez
Sánchez Maya, quien durante el 2006 tuvo librada una orden de aprehensión acusada de supuestos actos de vandalismo que, finalmente no prosperó por falta de evidencias considera como preocupante por la coyuntura en la que aparece (el informe sale en marzo del 2016 y las votaciones para un nuevo gobierno estatal son cuatro meses después)
“Existe la posibilidad de que el informe que emita la comisión, pueda no ser acogido o no tenga ese punch que pueda colocar una agenda para la transformación”
La activista considera que, el actual gobierno estatal reporta “saldos desfavorables” y falta de contundencia en el combate a la impunidad del 2006.
“Esta el tema de la reconciliación de una sociedad polarizada, el tema de la justicia y reparación de las víctimas de ejecuciones, tortura y detención arbitraria. Hay una serie de efectos colaterales que vale la pena ver”
Señala Maya sobre las vertientes a las que, se enfrenta una comisión que, por principio de cuentas reporta a más de veinte víctimas mortales durante el conflicto.
“Esta comisión tiene la oportunidad de investigar a todos los responsables. Toda la parte municipal, comunitaria, estatal y paraestatal”
“Hubo grupos armados que, nadie sabía de dónde salían. Caravanas de la muerte, por las que nadie está en la cárcel”
La abogada asegura que, hay personas que señalan a responsables a los que, nunca se les ejecutó una orden de aprensión y “muchos funcionarios del 2006 están ahora incrustados en la estructura de la alternancia del actual gobierno estatal”
“La alternancia no dio para mucho, estamos estancados” Prueba de ello es la Fiscalía Especializada en Delitos de Trascendencia Social, creada a principios del actual sexenio.
“No hay resultados, no tenemos ninguna consignación hecha, no hay expedientes que, hayan sido consignados a los juzgados”
“No nos queda tan claro que fue lo que pasó en Procuraduría que esa fiscalía no despegó ni despuntó en el trabajo de combate a la impunidad”
Para el 2011 en el que se crea esta fiscalía, Yesica considera que ya habían pasado cinco años en el que el anterior régimen tuvo la oportunidad de deshacerse de pruebas, mutilar expedientes y amedrentar a las víctimas.
“No es lo mismo hacer el levantamiento de un cadáver y recoger pruebas a la hora o de cometido el crimen, a cinco años después intentar ver que rascas y que encuentras.”
“Los elementos de prueba que pudiesen haber ya no eran los mismos. Se perdió mucha información. El régimen que se fue, fue un régimen que también se cubrió las espaldas”
Para Sánchez Maya, lo importante con la actual comisión de la verdad no es tanto la información que recabe, sino que va a hacer el estado con esa información.
“¿Qué va a hacer con las recomendaciones de la comisión? ¿Cómo va a agarrar desde el fondo el tema? En esta cobertura me preocupan los intereses de los partidos, de los gobiernos que, siempre van más en ganar cotos de poder”
A la defensora le parece importante no jugar con las expectativas de la gente, y dejar claro de antemano que, la comisión de la verdad no es un ministerio público.
“El informe no va a ser lo que va a meter a la cárcel a los responsables” aclara Maya y considera que tal vez las indagaciones de la comisión puedan ser retomadas por la Procuraduría Estatal o por la fiscalía ya citada (creada especialmente para este propósito y que hasta ahora no ha hecho nada de nada), y que ellos valorarán si estas tienen los elementos para fincar posibles responsabilidades penales.
“No es que con este informe ya va a estar en la cárcel Ulises Ruiz”, quien hace unos días reapareció en público para decir que, el no mató a nadie y que no tenía conocimiento sobre el tema.
“La comisión señalará estas son las víctimas, estos son los saldos, estos son los responsables. Pero el único que va a sancionar el delito como tal son los jueces”
Sánchez Maya considera que, un escenario de hostigamiento hacia los integrantes de la comisión es tan posible como lo fue en el caso de las y los defensores, que documentaron los excesos del poder gubernamental estatal en el 2006.
“Trataron de inhibir nuestro trabajo persiguiéndonos, interviniendo teléfonos, haciéndonos seguimiento con personas extrañas, rodeadas de militares”
Yesica no considera poca cosa el peligro que, entraña el tocar los intereses de una cadena de mando de la impunidad. “No va a ser sencillo para ellos”
“Los actores del pasado son actores vivos, no son actores que, hayan quedado enterrados. Son actores vivos que tienen intereses, posiciones y están muy cercanos”
“Que tanto el Estado va a generar garantías, para que los comisionados puedan hacer su trabajo, que tanto está consciente de que tiene que protegerlos. Sería lamentable que estos no pudiesen terminar su labor por un proceso de hostigamiento extremo”
Para la activista, Solalinde, Osorno y Jiménez tienen la calidad ética para hacer un buen papel, enfrentando como mayor desafío (con la posibilidad de ser utilizados como un prólogo de intereses, para aderezar la politiquería de la futura elección estatal) el generar un mecanismo que, permita blindar a su informe de una posible utilización política por parte de partidos políticos, posibles candidatos y de ciertos funcionarios.
“Saldrán las recomendaciones, pero no sabemos cuál será el gobierno en turno. No sabemos qué composición va a tener” comenta Maya, bajo la fuerte posibilidad de que el PRI regrese al gobierno estatal en el 2016.
Sánchez Maya, afirma convencida que el que está obligado a mostrar la voluntad política de la contundencia de la comisión de la verdad es el gobierno de Gabino Cué.
“Me estas recomendado reparar el daño lo reparo, me estas recomendando que haga estas garantías de no repetición las voy a hacer. Si no lo hace, el mismo estado estaría poniéndose en entredicho, de que nada mas buscaba la capitalización electoral (de la comisión)”
Para Yesica, de marzo del 2016 que saldrá el informe a diciembre de ese mismo año que, concluirá sus funciones, el gobierno estatal tiene la oportunidad de demostrar que en verdad le importaba el tema y que pueda dejar cerrado el 2006 de una manera fina y contundente.
“De decir, podemos aspirar a la transición democrática, aunque regrese el, PRI porque ya queda un precedente social político e histórico de que, aquí se sancionan las violaciones a los Derechos Humanos”
Para Yesica Sánchez Maya, lo que el gobierno de Gabino Cué se juega con su posible respaldo o abandono al informe de la Comisión de la verdad, es su propia credibilidad.
