A partir de 2016 las administraciones tributarias de los países de la OCDE y el G20, incluido México, deberán poner la lupa sobre las multinacionales que reporten una facturación superior 750 millones de euros anuales en sus países de origen para comprobar si están pagando los impuestos correspondientes.
Y a partir de 2017 podrán intercambiar información para validar si están declarando los impuestos de forma correcta, según el avance del proyecto para combatir la erosión de la base fiscal y el desplazamiento de ganancias, conocido por su sigla en inglés como Beps y que impulsa la OCDE con el apoyo del G20.
La actualización de los acuerdos se dará a conocer en la reunión de ministros de finanzas del G-20, que se llevará a cabo en Estambul, Turquía, los días 9 y 10 de febrero.
Para agilizar la ejecución de las medidas antiabuso se requerirá un compromiso global de negociación y un instrumento multilateral que sustituya los más de 3 mil tratados bilaterales que han firmado en busca de evitar la doble tributación y evasión fiscal.
Se evaluarán los criterios para determinar si la figura legal de propiedad intelectual es válida en un marco de régimen preferencial para las grandes empresas.
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, calificó el desarrollo del proyecto Beps de “pasos importantes”, porque demuestran que se avanza hacia un sistema fiscal internacional más justo.
“Estas decisiones señalan el firme compromiso de la comunidad internacional para poner fin a la erosión de la base y el desplazamiento de beneficios, de acuerdo con la línea de tiempo ambicioso respaldado por los líderes del G20”, aseguró.
La nueva guía presentada al G-20 requiere que se haga una revisión, país por país, de las multinacionales que hayan reportado facturación superior a 750 millones de euros al año en su nación sede, lo que aplicará a partir de 2016.
De esta manera las administraciones tributarias comenzarán el intercambio de los primeros informes derivados de la revisión en cada
uno de los países en 2017.
De acuerdo con el avance del proyecto, la OCDE enfatizó que los países que están participando han hecho hincapié en la necesidad de proteger la confidencialidad de la información fiscal.
El mandato acordado autoriza la formación de un grupo de negociación, abierto a la participación de todos los estados, que estará conducido por la organización y celebrará su primera reunión en julio de 2015, con el objetivo de concluir la redacción de todo el proyecto el 31 de diciembre 2016.
Otro de los objetivos clave del proyecto Beps es aumentar la transparencia mediante la mejora de los estándares de documentación de precios de transferencia que utilizan las multinacionales, dotar a las administraciones tributarias de la información sobre los ingresos, los beneficios, los impuestos devengados y pagados, junto con algunos indicadores de actividad.
La determinación de que la figura legal de propiedad intelectual contenida en los patentes y otros regímenes preferenciales pueden ser consideradas prácticas fiscales perjudiciales es otro de los propósitos del proyecto Beps.
El año pasado, durante la reunión del G20 en Brisbane, Australia, los líderes políticos aprobaron una solución, propuesta por Alemania y el Reino Unido, sobre la forma de evaluar si existe una actividad sustancial en un régimen de propiedad intelectual.
La propuesta respecto a darle un “enfoque nexo”, que permite a un contribuyente para recibir beneficios en el ingreso por propiedad intelectual en línea con los gastos vinculados a la generación de los ingresos, ya fue aprobada por la OCDE y el G20.
Disposiciones transitorias para los regímenes existentes, incluido un límite en la aceptación de nuevos participantes después de junio de 2016, se han acordado, y el trabajo sobre la aplicación está en curso.
Los funcionarios de más de una docena de países en desarrollo participaron en la discusión de la nueva guía de implementación de Beps, en línea con la estrategia más amplia para que tengan una presencia representación más directa, lo que se complementa con los diálogos con las administraciones tributarias y los funcionarios de todos los países de cada zona, así como las organizaciones regionales de impuestos.
