A pesar de que sus integrantes declaran luchar contra la corrupción, el Poder Legislativo protegió el conflicto de interés que pueden tener sus integrantes y el resto de los servidores públicos, pues durante siete años mantuvo congelada una minuta, aprobada por unanimidad de 107 votos en el Senado de la República para frenar la llamada “doble cachucha”, la cual desechó definitivamente hace un año.
Además, los diputados frenaron una iniciativa perredista para que en México existiera una instancia judicial especializada en vigilar que los servidores públicos de todo el país no cayeran en conflicto de intereses.
La semana pasada, el presidente Enrique Peña Nieto expuso que la percepción social en torno a un posible conflicto de intereses en la compra de sus propiedades se explica, “en gran medida, porque en México no tenemos los instrumentos normativos para determinar con claridad cómo declarar posibles conflictos de interés”.
En efecto, México carece de esta legislación, porque los diputados federales del PAN, PRI y PRD, quienes conforman la mayoría, no quisieron avanzar en el tema, con lo cual mostraron una posición contraria, incluso a la de sus propios compañeros de partido.
En los últimos ocho años hubo tres intentos por legislar en materia de conflicto de intereses.
La primera fue emprendida por el entonces senador panista Rubén Camarillo, hoy diputado federal. Se trató una reforma constitucional que frenaba la conflicto de intereses en el Poder Legislativo. Respaldado por su grupo parlamentario, Camarillo logró que la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, entonces presidida por el priista Pedro Joaquín Coldwell, hoy secretario de Energía, abriera el debate y enriqueciera la propuesta, al grado de meter un candado que en su momento se llamó “antiDiego”, pues prohíbe a los exlegisladores juristas litigar asuntos en contra de las instituciones del Estado, dado que Diego Fernández de Cevallos le ganó un juicio millonario al Estado, luego de ser legislador federal.
La reforma constitucional se aprobó por unanimidad de 107 votos de los senadores y salió a Cámara de Diputados el 17 de abril del 2007.
Era una reforma al artículo 62 de la Constitución, para dejar en claro que los senadores y diputados federales, durante el periodo de su encargo “no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación, de los Estados, del DF y sus delegaciones, los municipios o cualquier otro ente público, por los cuales se disfrute de remuneración, sin licencia de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación.
“La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción a esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.
“También estarán impedidos, durante el desempeño de sus funciones, para intervenir en asuntos que les signifiquen conflicto de interés directo, mismos que serán expresamente detallados en la ley.
“No podrán representar, por sí o por interpósita persona, intereses patrimoniales de terceros en contra de los de cualquier ente o persona moral de derecho público, salvo los casos de excepción que expresamente señale la ley. La contravención a estas disposiciones será sancionada en los términos que establezcan los ordenamientos federales aplicables”, decía la minuta guardada en San Lázaro durante siete años, pues en abril pasado fue desechada definitivamente.
Después, en el marco de la Reforma del Estado del 2007, trabajada desde la extinta Comisión Ejecutivo de Negociación y Construcción de Acuerdos, se incluyó como uno de los temas a legislar, pero también se quedó en el olvido. Los partidos se acusaron de no permitir la construcción de acuerdos.
Luego, el 23 de noviembre del 2011, la Cámara de Diputados desechó una iniciativa de la entonces diputada perredista Claudia Lilia Cruz Santiago, quien además de incluir a legisladores y a todos los servidores federales para que declararan su conflicto de interés, como plantea ahora el Presidente, también propuso la creación de una instancia oficial que vigilara a los servidores públicos en este tema, igual que ahora hará la Secretaría de la Función Pública.
Freno
Ha habido tres intentos de legislar sobre el conflicto de interés en México:
En 2007 fue aprobada por unanimidad una reforma para frenar el conflicto de intereses en el Poder Legislativo. No obstante, en abril de 2014 fue desechada definitivamente.
También en 2007, se desde la Comisión Ejecutivo de Negociación y Construcción de Acuerdos se incluyó el asunto como uno de los temas a legislar, pero quedó en el olvido.
En 2011 se hizo una propuesta parecida a la que presentó el Ejecutivo la semana pasada, pues incluía que legisladores y servidores federales declararan su conflicto de interés, y la creación de una instancia oficial que vigilara a los servidores públicos en este tema.
PRD busca proyecto ciudadano
El coordinador de la diputación perredista, Miguel Alonso Raya, anunció que esta semana se reunirá con representantes de cerca de 75 instituciones de la academia, de la sociedad civil e instituciones públicas, que promueven una iniciativa para construir un Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de impulsar una propuesta común en el Congreso de la Unión.
Dijo, a través de un comunicado, que el proyecto ciudadano que tuvo su origen en la Red por la Rendición de Cuentas, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, ha sido presentado por sus promotores a partidos políticos y al gobierno federal en el marco de la discusión de este tema.
Plantea como premisas básicas la necesidad de ir más allá de lo punitivo y atender las causas de la corrupción, que debe existir inteligencia institucional para luchar contra ella y construirse un entramado institucional de pesos y contrapesos para evitarla.
Se propone que la SFP sea un órgano interno de la administración pública que supervise y controle el combate a la corrupción, establezca un sistema profesional de carrera para auditores del gobierno federal, y coordine el sistema de control interno, incluyendo a gobiernos locales y organismos autónomos.
Su titular sería designado por el presidente de la República y avalado por el Senado, y tendría como objeto combatir las causas de la corrupción, más allá de lo punitivo.
Respecto a la ASF lo visualizan como un organismo externo de control contra la corrupción, con plena autonomía.
Respecto a la Fiscalía, señalan que requeriría autonomía plena de gestión, que se le faculte para investigar casos de corrupción y que sean tipificados como delito.
En el caso del Tribunal, se plantea que recibirá los expedientes documentados, provenientes de cualquier instancia.
