La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca pidió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) brindar seguridad en la zona territorial en disputa entre las comunidades de San Pedro el Alto y Santo Domingo Teojomulco, con la finalidad de evitar enfrentamientos.
El organismo defensor integró el expediente de queja DDHPO/1589/(30)/OAX/2014, ante la comparecencia del agente municipal de San Pedro el Alto, quien acusó a servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Públicas y la Procuraduría General de Justicia de ser omisos en atender el problema agrario entre ambas comunidades, que ha derivado en violencia.
El 4 de febrero último pobladores de San Pedro el Alto denunciaron ante la Defensoría que un grupo de habitantes de Santo Domingo Teojomulco cavó una zanja en las inmediaciones de la ranchería “El Tlacuache” para impedir el paso a habitantes de San Pedro.
Los quejosos también recordaron que, el 13 de marzo de 2014, por el conflicto agrario entre esas comunidades 73 personas perdieron sus viviendas y fueron desalojadas con violencia de la zona que habitaban por pobladores de Santo Domingo Teojomulco.
Ante estas denuncias, la Defensoría solicitó medidas cautelares a la Secretaría de Seguridad Pública, así como un informe sobre los hechos y las acciones implementadas para atender el conflicto. Además, el organismo defensor pidió a la SSP que implemente recorridos de vigilancia y seguridad en la zona, a fin de evitar posibles enfrentamientos.
La Defensoría también pidió a la Secretaría General de Gobierno que rinda informes sobre las acciones que esa dependencia ha realizado para atender el conflicto entre las comunidades de San Pedro el Alto y Santo Domingo Teojomulco.
El organismo defensor solicitó al Sistema para el Desarrollo de la Familia de Oaxaca (DIF) que atienda a las 73 personas que perdieron sus viviendas y fueron desalojadas, pues actualmente viven en condiciones inadecuadas en las que carecen de elementos indispensables para la vida cotidiana.
Por ese motivo, la Defensoría solicitó al DIF realizar gestiones para que esas personas reciban apoyos y sean integrados a programas sociales que permitan mejorar sus condiciones de vida.