La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados no ha cumplido con su oferta –hecha hace 15 días– de presentar un informe de las comisiones ordinarias y especiales que no trabajan, para acordar su extinción como parte de un plan de austeridad.
Información recabada por este diario revela que de las 57 comisiones ordinarias de San Lázaro, ocho no han discutido un solo asunto y de las 37 especiales, 16 no han cumplido ni con el requisito mínimo de reporte de actividades.
Al inicio de la 62 Legislatura, para cumplir con la exigencia de diputados que se quedaron sin presidir una comisión, los partidos políticos ahí representados acordaron constituir más comisiones especiales, aun cuando su objeto fuera idéntico a las ordinarias.
De esta forma, casi 20 por ciento de los 500 diputados federales son presidentes de alguna comisión.
Por las comisiones ordinarias que no han recibido una sola iniciativa –ni siquiera de sus integrantes– y no han votado ningún dictamen, la Cámara de Diputados habrá gastado 105.6 millones de pesos, y de las especiales inactivas, 81.6 millones.
El pasado 30 de enero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció un recorte de 124 mil millones y las bancadas informaron, el 2 de febrero, que presentarían medidas para disminuir el gasto, entre éstas la desaparición de las citadas comisiones inactivas.
Las comisiones que no trabajan en la cámara, desde que se constituyeron en octubre de 2012, son: Agua Potable; Asuntos de la Frontera Norte; Asuntos de la Frontera Sur-Sureste; Desarrollo Metropolitano; Desarrollo Municipal, y Fortalecimiento al Federalismo.
Dichas instancias legislativas son presididas, respectivamente, por los diputados José Antonio Rojo (PRI), Kamel Athié Flores (PRI), Jaime Bonilla (PT), Willy Ochoa (PRI), Juan Manuel Fócil (PRD), Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) y José Antonio Salinas (PAN).
Además, Marina, que preside José Soto (del Partido Movimiento Ciudadano), que sólo aprobó una iniciativa en septiembre de 2013, y la de Población, a cargo del ex secretario de Gobierno con el góber precioso de Puebla, Mario Marín, Javier López Zavala, quien tiene pendientes las cinco iniciativas turnadas a esa instancia.
Cada comisión ordinaria cuesta 4.4 millones de pesos al año, además de los beneficios para otorgados a sus presidentes, como son automóvil, chofer, secretario técnico, asesores, teléfono celular y vales de despensa.
Las comisiones especiales consumen 1.7 millones de pesos al año, porque sólo se autoriza a sus presidentes un secretario técnico, un menor saldo de telefonía móvil y vales de despensa.
De éstas, las inactivas son: Análisis de la Agroindustria Azucarera; Agenda Digital; Conmemoración del Bicentenario del Congreso de Anáhuac (ya cumplió su objeto); Cuenca de Burgos; Cuenca del Río Cutzamala; Minería; del Café; Energías Renovables; Industria Automotriz y del Acero; Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación.
También, para Conmemorar el Centenario del Natalicio de Octavio Paz (la cual ya cumplió su objeto); Promoción del Desarrollo Regional; Puertos y Marina Mercante; Regularización de los Solares Urbanos de las Zonas Metropolitanas; Evaluación del Programa Especial Concurrente, y Seguimiento a las Prácticas Monopólicas y Regulación de Mercados.
Esas comisiones son presididas, respectivamente, por Tomás López Landeros (PRI), Juan Pablo Adame (PAN), Manuel Añorve (PRI), Héctor García (PRI), Blanca Esthela Gómez (PRI), Marcelo Torres Cofiño, vicecoordinador del PAN; Héctor Narcia Álvarez (PVEM), Erick Villanueva (PAN), Salvador Romero Valencia (PRI) e Ignacio Duarte Murillo (PRI).
Así como Sonia Rincón Chanona (Panal), Miguel Carrillo Huerta (PRD), Arnoldo Ochoa (PRI), Celia Urciel Castañeda (PAN), Mario Méndez Martínez (PRD) y Verónica García Reyes (también del sol azteca).
