El proyecto de construcción del Centro de Convenciones está en una zona de amortiguamiento de la ciudad de Oaxaca, por lo que la certificación notarial realizada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE) es un intento más de sorprender a la opinión pública.
Así lo señaló José Márquez, integrante de PRO – OAX, quien de manera conjunta con el colegio de profesionales de Urbanismo del estado de Oaxaca, fijaran nuevamente una postura ante este proyecto, el cual a futuro no solo afectará al entorno ambiental, también tendrá un impacto urbano y de vialidad.
En este sentido, el presidente de la agrupación colegiada de profesionales de urbanismo, Alberto Siordia Torres, respaldó lo expuesto por los integrantes de PRO – OAX, quien considera que este proyecto sólo beneficia a un sector.
“No nos oponemos a la construcción de un centro de Convenciones, Oaxaca lo requiere; pero el proyecto ha tenido un proceso viciado desde su origen, en el cual se trata de construir en un sitio inadecuado, con lo que a claras luces se trata de imponer una obra con nula planeación”.
Consideraron que “se han tirado a la basura” 32 millones de pesos en estudios en un proyecto que traerá problemas ambientales, viales y urbanos; como también quizás un sobre costo del 70 u 80% sobre los 600 millones que se tienen planeados.
“Sin duda a la larga, como otras obras que se han generado a través del FIDELO, existe el riesgo que se conviertan en un elefante blanco ante las cargas excesivas que se harán al erario público para su mantenimiento”.
PRO – OAX y Urbanistas, agradecieron al STyDE por la facilidad que les dieron para revisar el proyecto, pero encuentran deficiencias en cuanto al proceso de ejecución toda vez que son muy pobres los argumentos que se ofrecen para sostener un tan importante proyecto como lo han calificado.
Llamaron al titular de la Dirección del Centro Histórico, para ser profesionales de su trabajo y no se dejen presionar por autoridades superiores.
En este mismo sentido reconocieron que sobre el proyecto existe un conflicto de intereses que podría generar una mayor tensión en el estado, tal y como ahora lo han generado el paro de policías.