Diversas organizaciones de la sociedad civil le enviaron una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la cual le manifiestan su “preocupación” por la respuesta dada por las autoridades a las observaciones finales del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED), pues consideran que es un desacato a los convenios internacionales en la materia, una falta de respeto a los familiares de personas desaparecidas y una muestra de que va a obstruir los procesos de búsqueda, justicia, verdad y reparación de las víctimas.
En la misiva, los colectivos recordaron que ante los señalamientos del CED de que las desapariciones en México son “generalizadas” y en muchas de ellas participan servidores públicos, las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores respondieron en un comunicado conjunto que “las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”.
Ante ellos, las organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación y rechazo, pues “sabemos que las recomendaciones emitidas por el Comité están apegadas a la realidad: hasta el momento, no tenemos una base de datos consolidada y fiable sobre personas desaparecidas; la impunidad es la regla en las investigaciones; la búsqueda rápida y efectiva de las personas desaparecidas (nacional y transnacional) es excepcional y, generalmente, se hace de manera tardía; no se otorgan reparaciones adecuadas; aún no tenemos una Ley General contra la Desaparición Forzada, etc”.
Asimismo, subrayaron que las manifestaciones de la Secretaría de Gobernación “no sólo no toman en cuenta la realidad, sino que viene en un contexto de incumplimientos en el proceso ante el Comité. Como es sabido, el Estado mexicano presentó de manera tardía e incompleta tanto su informe inicial como las respuestas a la lista de cuestiones emitida por el CED. La tardanza en la presentación del informe y la ausencia de respuesta a los requerimientos del Comité fueron registradas en el último informe de actividades de este órgano. De igual forma, el Comité ha solicitado hacer una visita a México, solicitud a la que el Estado ha negado respuesta”.
El pronunciamiento “nos parece irrespetuoso para las víctimas de desapariciones y sus familiares, y no reconoce la gravedad ni dimensión de la situación de las desapariciones en México que, desde nuestra experiencia y de los números oficiales (aún incompletos), es una situación generalizada. También es un desacato a una instancia internacional a la que México se ha sometido y es un aviso sobre las dificultades que tendrá el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité”.
Finalmente, los grupos firmantes indicaron que “el pronunciamiento emitido desde el más alto nivel y por la Secretaría que tiene el mandato de coordinar a otras instituciones, es un claro mensaje para diversas autoridades, que se pronunciarán o actuarán en el mismo sentido, dificultando los procesos de búsqueda, justicia, verdad y reparación de las víctimas. También se dificultará la adopción de medidas y políticas estructurales”.
Por todo lo anterior, pidieron que Osorio Chong se pronuncie públicamente sobre la importancia de las recomendaciones del Comité y exprese claramente su voluntad para cumplir con las mismas, convoque a avanzar el proceso de cumplimiento de las recomendaciones y se asegure que las políticas tengan su centralidad en el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones en esa materia.
De igual forma, exigieron que se garantice la seguridad de las personas que denuncian casos de desapariciones y haya justicia en los casos de asesinato y desaparición de familiares, y que en cualquier proceso relacionado con el cumplimiento de las recomendaciones del Comité se garantice la participación efectiva de familiares y organizaciones de la sociedad civil.
